En un desprendimiento de la causa por lavado de activos que se lleva adelante contra Sebastián Solé (35) -recientemente condenado a 10 años de prisión por promoción y facilitación de la prostitución-, la Justicia Federal investiga ahora a dos conocidas empresas por presunto lavado de dinero.
El dato fue confirmado por Alejandro Montiel, abogado de la Unidad de Información Financiera (UIF). "Se trata de una causa penal que está en el Juzgado Federal 1 de Mendoza (a cargo del juez Walter Bento). Fue justamente la UIF el organismo que le pidió al juez que abriera esta causa y nos constituimos como querellantes".
El expediente se inició a mediados de 2013; la investigación está en curso y aún no hay imputados.
Según explicó el funcionario nacional, se investiga la presunta complicidad entre los dueños de dos concesionarias que comercializan autos y motos y la organización que estaba detrás de Pyme Vip, el prostíbulo que atendía los requerimientos sexuales de jueces, fiscales y empresarios locales, como así también de turistas, quienes eran contactados con el prostíbulo a través de conserjes de los hoteles 5 estrellas. que se quedaban con una comisión.
La presunta maniobra que se está investigando es la siguiente: una firma se habría quedado con los 08 de los vehículos, es decir con la titularidad de los autos, pero la cédula verde autorizaba a Solé y sus allegados a utilizarlos.
"El titular de esos autos es el concesionario y eran usados por Solé, su mujer -Nadia Haro-, el padre, la esposa del padre y Cristian Prado, entre otros", afirmó el funcionario de la UIF.
Se trata de unos 30 vehículos, algunos de alta gama, y de motos de importante cilindrada que se encontrarían inmovilizados, como ocurre con los inmuebles que Solé tendría a nombre de sus testaferros, entre ellos un edificio de seis pisos.
Causas conexas
La causa contra conocidas concesionarias de autos son un desprendimiento de la otra, que podría terminar antes de fin de año, cuando la Justicia Federal realice un juicio contra Solé, Nadia Gisela Haro (su mujer) y Romina Tonolli (su secretaria), y Cristian Alfredo Prado Mendoza, condenado también por promoción de la prostitución.
Los imputados podrían recibir penas que van de 3 a 10 años de cárcel, de ser encontrados culpables.
En 2006, según declaró Solé recientemente, decidió abrir un prostíbulo porque tenía problemas económicos. Luego de realizar un estudio de mercado, encontró un negocio "rentable y que requería una baja inversión": un prostíbulo de alto nivel, ya que en Mendoza "no existía un lugar donde los hombres disfrutaran de compañía femenina y que no tuviera aspecto de antro".
En 2013, cuando fue detenido a una cuadra de su prostíbulo, llamado Pyme Vip -ubicado muy cerca del hotel Hyatt, se le secuestró 3 millones de pesos que tenia en su casa, además de una gran flota de autos y motos y al menos 16 inmuebles.
La Justicia sospecha que todo este capital fue conseguido a través del prostíbulo, que llegó a recaudar en el último mes de funcionamiento 1 millón de pesos. Allí prestaron sus servicios unas 30 trabajadoras sexuales que recibían el 50% de cada "pase". Las ganancias de Solé habrían sido puestas en circulación en el mercado a través de la adquisición de diversos bienes, tales como inmuebles y vehículos.
