El 23 de abril próximo el Poder Judicial mendocino saldará una deuda que tiene desde 1853 con la Constitución Nacional: se realizará el primer juicio popular y en el banquillo se sentará Sebastián Petean Pocoví, acusado de apuñalar a su mujer embarazada y luego atropellar y matar a dos policías motorizados en Luján.
¿Estará bien que 12 “ciudadanos de a pie” decidan la libertad de una persona? ¿Es más justo o injusto? ¿Por qué se aplicará para homicidios y no para otros casos? ¿Será más rápido pero más caro o al revés? ¿Será como en el cine o una teatralización del poder del pueblo sobre los jueces?
A la espera de que se elijan los primeros 12 jurados, las preguntas que surgen son muchas. Algunas de ellas las responden algunos abogados penalistas que en los últimos tiempos han trabajado en casos resonantes.
Daniel Sosa Arditi (caso Carleti)
Para Sosa Arditi era una asignatura pendiente y el primer problema que se presenta es que en Argentina tenemos una mentalidad jurídica europea y el juicio por jurado es de la tradición anglosajona. "Pensamos que los jueces son seres superiores, infalibles pero la facultad de decidir sobre la verdad de las cosas también la tiene el pueblo. Esto viene a romper el divorcio entre Justicia y sociedad".
A la hora de evaluar el sistema dijo que "no es mejor ni peor, ambos tienen virtudes y defectos". "Tanto los jueces como un jurado pueden ser influenciados; los primeros por las presiones políticas, los segundos por lo social y mediático", apuntó.
El abogado se mostró en desacuerdo con la implementación en homicidios agravados: “Sería óptima su aplicación en juicios por corrupción que la sociedad reclama y no en homicidios agravados”.
En la práctica vaticinó que “los gastos aumentarían sensiblemente no en la celeridad pues la lentitud es en el proceso de instrucción”.
La crítica más fuerte de Sosas Arditi es que "para exigir la absolución haya unanimidad porque si hay dudas se ordena otro juicio y no se absuelve por la duda". "Además, con otro juicio los gastos aumentarían, mientras que si se vencen los plazos, nada se dice sobre la condición de los detenidos. ¿Quedan libre o presos?", cuestionó.
Pablo Cazabán (caso Carleti)
"Soy crítico de sistema que se ha adoptado porque el jurado es lego, con gente que no tiene ningún conocimiento técnico y eso puede generar muchas injusticias: va a primar el impacto social y mediático y, desde el punto de vista individual, los prejuicios religiosos, sexuales, sociales y políticos", disparó Pablo Cazabán.
El letrado se inclinó por los juicios por jurado "escabinados", donde alguno de los integrantes tiene conocimientos jurídicos y puede volcarlos a los otros integrantes.
En cuanto a la mecánica de la aplicación, Cazabán consideró "grave" que el jurado no tenga la obligación de fundamentar su decisión, perdiéndose un análisis de acuerdo a la sana crítica racional. "Es inconstitucional porque, si la culpabilidad no está fundada, ¿cómo va a realizar un control un tribunal superior?", opinó.
Luego agregó: "Para los defensores y querellantes no es ni mejor ni peor. Pero en casos muy mediáticos habrá una influencia negativa por los prejuicios".
Y apuntó como crítica que “se puede violar el principio de la duda porque, si no se llega a un veredicto por unanimidad, el fiscal puede pedir otro juicio”.
Maximiliano Legrand (caso Próvolo y Gil Pereg)
"Creo que fortalece la participación ciudadana y democrática, que es algo que la Constitución y la gente pedían. El mejor juez es un jurado porque tiene una visión con sentido común", señaló.
Para Legrand, el mayor problema es la información que dan durante la instrucción los fiscales y jueces a los medios. "El sesgo de opinión y prejuicio que puede generar la información y difamación mediática va a influir en el jurado", sentenció.
Sergio Salinas (caso Próvolo)
"Creo que es una ley muy parcial porque sólo es para homicidios agravados. Estoy de acuerdo pero con otras condiciones que se deberían haber discutido con el Colegio de Abogados", dijo el penalista Sergio Salinas, quien agregó que "no se puede hacer creer que esto va a bajar la inseguridad".
Tras explicar que el sistema no es ni bueno ni malo, dijo que no puede depender de buenas intenciones sino de una correcta regulación discutida con todas las partes.
Salinas consideró que “ni los defensores privados, ni los públicos tendrán el tiempo ni los recursos necesarios para enfrentar la selección del jurado que comienza con 48 candidatos y debe terminar con 12”.
La polémica también llega a fiscales y defensores públicos
Los Andes también consultó a reconocidos fiscales y defensores públicos, con los cuales se convino declaraciones "en off" para que tuvieran mayor libertad.
El primer consultado se mostró a favor de los juicios por jurado porque "como sistema es el único realmente democrático que garantiza la legitimidad de la decisión y además es una deuda con la Constitución de 1853".
Luego consideró que es un sistema claro, rápido y seguro porque las pruebas llegan al jurado purificadas y "las partes deben ser más rápidas y claras".
"Es importante que el veredicto sea secreto y haya discusión entre los jurados, algo que se enriquece porque exige unanimidad", advirtió el letrado.
“Lo único malo es que acarrea la desconfianza inicial que se le tiene a la Justicia. Con la práctica se verá que es más bueno de lo que se piensa”, agregó.
“Nadie quiere que lo opere un carnicero”
"Nadie quiere que lo opere de la cabeza un carnicero, sino un cirujano. En el juicio por jurado es lo mismo: no te juzga un especialista y el imputado se juega cosas muy importantes como la vida y la libertad", opinó otro referente del Ministerio Público Fiscal, agregando que el juez, si actúa mal, puede ser despedido por un Jury, en cambio el jurado "se va a su casa y no tiene ninguna responsabilidad".
Un defensor público consultado explicó que “el control ejercido de la ciudadanía no lo tiene que hacer un jurado. Para eso ya existe el querellante particular y la gente puede controlar un juicio porque son públicos”.
Problemas operativos
Otro letrado entiende que van a surgir dos problemas operativos: lentitud y mayores gastos. "¿Cómo van a mantener aislados a los jurados si el juicio se extiende por muchos días? ¿Quién pagará el hotel? ¿Qué va a pasar si uno se enferma, se suspende por ese día o se lo reemplaza en el acto?".
Otro fiscal se mostró en desacuerdo con que se aplique sólo a homicidios agravados. "En el 50% de los homicidios agravados la prueba es contundente y no importa que haya o no jurado; el 40% no tiene pruebas contundentes, las dudas son mayores y los jurados no sabrán qué hacer porque no tienen conocimientos técnicos. Va a ganar la parte que tenga retórica, que sepa convencer, no el que tenga conocimientos jurídicos. ¿Por qué no se eligieron los abusos sexuales o robos agravados en lugar de los homicidios?", cuestionó.
“Es un retroceso, no una evolución. Le copiamos el sistema procesal a Chile y allí no hay juicio por jurado. Esto se decidió políticamente: es una teatralización pero se dice que ahora el pueblo va a controlar a los jueces”, opinó otro representante del Ministerio Público Fiscal.
