Uno de los deberes ineludibles del Estado es asegurar para los ciudadanos los servicios de salud, de seguridad, de educación y de justicia. Cada uno de ellos, individualmente, debe ser prioritario, aunque los tiempos en que se conocen los resultados son muy diferentes. En salud, seguridad y justicia, la coyuntura es la que se impone, mientras en el caso de la educación los resultados se conocerán con el correr del tiempo.
Es en ese marco en que los especialistas suelen indicar que, para saber si un país puede, dentro de tres décadas, alcanzar un nivel superior en la consideración de sus pares, hay que mirar el nivel actual de la educación en lo que a calidad e inclusión se refiere.
A pesar de que la educación no otorga réditos políticos en el plano inmediato, debe reconocerse que la actual gestión kirchnerista la ha puesto en un buen plano de consideración, aumentando en forma importante el porcentaje del PBI hacia ese destino.
Debe señalarse también que ha concatenado la educación en sí con la inclusión social y es en ese marco que se encuentra el anuncio formulado por la presidenta de la Nación días pasados al incrementar sustancialmente la cuota del denominado Plan Progresar. Decidió aumentar de 600 pesos a 900 pesos la cuota para cada estudiante incluido en ese beneficio, que brinda respaldo a jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan para que puedan terminar sus estudios.
También anunció que aumentará el piso de ingreso familiar para que los jóvenes reciban el plan, de 4.700 a 14 mil pesos, asegurando además que los hijos cuyas madres trabajen en casas de familia también podrán ingresar al plan, con lo que se espera un total de casi 1,3 millón de beneficiarios.
Es dable destacar que en el primero de los casos, el del ingreso familiar, se produce una evidente contradicción, porque elevar a 14 mil pesos el mínimo determina que hasta esa suma se podría considerar que una familia no tiene posibilidades de costear los estudios a sus hijos pero, sin embargo, con mil pesos más, una persona es considerada rica, ya que desde ese valor comienza a considerarse el impuesto a las Ganancias.
Más allá de que inmediatamente después de los anuncios la Presidenta de la Nación híper politizó el acto, señalando que en las elecciones se plebiscitará “el proyecto”, debe señalarse que se trató de un anuncio importante porque abre posibilidades de estudio a jóvenes que no tienen trabajo en la actualidad y que difícilmente puedan conseguirlo si no tienen estudio.
De todos modos, podría señalarse que para solucionar los problemas de la educación no hace falta sólo dinero -aunque se trate de un ítem importante- sino fijar objetivos y cumplirlos, que es una de las falencias de la educación actual. Sólo a modo de ejemplo podríamos hacer alusión a los resultados de las denominadas pruebas PISA, que tienen directa relación con la calidad de la educación y en las cuales la Argentina ha perdido espacios en las últimas décadas, razón por la cual la escuela “inclusiva” debe ir acompañada por la de la calidad educativa.
El restante plano es el de la necesidad de reconstruir valores y de imponer autoridad que prácticamente se ha perdido enteramente en el ciclo secundario y que avanza peligrosamente en el primario y en la universidad. Porque ese principio de autoridad en los niños y los jóvenes tendrá directa relación con el respeto hacia sus semejantes en la futura vida civil.
