El Gobierno provincial hará una campaña personalizada destinada a unos 1.900 estatales que tienen la edad jubilatoria pero no la totalidad de los aportes. La idea de esa campaña es convencerlos de que adhieran a la moratoria previsional que lanzó el Ejecutivo el año pasado.
En caso de adherir, la deuda de los trabajadores será cubierta por el Estado; la condición es que esos empleados se jubilen apenas terminen el trámite jubilatorio.
Para eso prorrogó el programa de Jubilación por Moratoria Previsional al 31 de diciembre de 2017. Así surge del decreto 2.021 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 30 de diciembre pasado y publicado esta semana en el Boletín Oficial. En el segundo semestre del año pasado, los estatales que adhirieron a este programa fueron 750.
La idea del gobernador Alfredo Cornejo existía desde antes de asumir su gestión, de hecho quedó plasmada en la ley 8.816 que Cornejo acordó con su antecesor Francisco Pérez como parte de la transición.
Luego, ya sentado en la gobernación empezó la tarea de relevar cuántos trabajadores tenían la edad (60 años las mujeres y 65 los hombres), pero no reunían los 30 años de aportes a la Anses.
En total eran 2.700 estatales los que estaban en esas condiciones. En julio del año pasado se lanzó oficialmente el programa de Jubilación por Moratoria Previsional.
A la finalización del año 2016, se contabilizaron 750 trabajadores que adhirieron al programa, quienes ya están jubilados o en trámite de jubilación.
A pesar de que los convencidos fueron algo más del 30%, hay optimismo en el Gobierno. El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez aseguró que los 750 adherentes representarán un ahorro en salarios de 180 millones de pesos durante este año.
Es más, de acuerdo a los cálculos oficiales, en promedio cada uno de esos 750 adherentes a la moratoria, le debían a la Anses entre 10 mil y 15 mil pesos (un pago por única vez), mientras que pagarles los salarios representaría en promedio 23 mil pesos por mes.
Con estos cálculos sobre la mesa es que en el último día hábil de 2016 Cornejo firmó el decreto 2.021 para prorrogar la moratoria y salir a buscar a los 1.900 empleados que faltan convencer para que adhieran y se jubilen.
La mayoría de los remisos son docentes y empleados de Salud. “Los gremios han desalentado a los trabajadores a acogerse a la moratoria, cuando claramente es un beneficio para ellos, porque acceden a la jubilación ordinaria, en lugar de ir por la que otorga la Anses por edad avanzada, que alcanza valores menores y no es transferible a los viudos”, explicó el subsecretario Suárez.
Además, Suárez aseguraba que con la ley de reparación histórica sancionada por el Congreso Nacional, las jubilaciones ordinarias están rondando el 70% del monto del trabajador en actividad.
Con esos argumentos es que el Gobierno pretende salir a convencer a los estatales que cumplen con los requisitos para adherir a la moratoria: hombres con 65 años, mujeres con 60 años, con más de dos años de trabajo en las plantas permanente o temporaria del Estado provincial y que no tengan cubiertos los 30 años de aportes.
Durante 2016 se jubilaron 2.500 agentes del Estado, de los cuales 750 lo hicieron a través de la moratoria. La idea del Gobierno es cubrir apenas el 10% de esas vacantes generadas. Según Suárez, con las reubicaciones de personal, particularmente los trabajadores de la ex EPTM, no hacen falta más ingresos.
Durante 2017, se estima que como piso se jubilarán unos 1.200 empleados que cumplen todos los requisitos jubilatorios. La aspiración del Gobierno es sumar a esa tanda a los 1.900 que no tienen los aportes completos.
