La situación tiene su historia. En 2004, el gobierno por entonces comandado por Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna como ministro de Economía, decidió aplicar un impuesto interno, del 12%, a las denominadas "bebidas suntuarias", entre las que ubicaba al whisky, el ron y otros destilados, incluyendo en ello al champán. Aducía, en ese momento, que se trataba de bebidas que no eran consumidas por la población en general, sino que estaban dirigidas a un público especial, con mayores posibilidades económicas. La industria local planteó entonces que no se trataba de un destilado sino que el champán era un vino gasificado y, en relación al consumo, destacó que en los últimos años se había modificado la tendencia y que el grueso de la población se había volcado a favor de la bebida, especialmente en fiestas familiares.
Fueron muchos los meses de negociaciones. En un principio, con una férrea respuesta negativa de parte de las autoridades nacionales, hasta que se llegó a un acuerdo: la industria dejaba de pagar el impuesto a cambio de reinvertir el dinero no tributado, más un 25% extra, siempre y cuando realizara inversiones consistentes en mejoras tecnológicas, reconversión de viñedos y creación de nuevas fuentes de trabajo. Ello significaba, en los hechos, que de cada 100 mil pesos que las bodegas dejaban de tributar, debían realizar 125 mil pesos en inversiones. El ministerio decidió entonces fijar la prórroga por decreto, a cambio también de realizar un control exhaustivo del funcionamiento del sistema. Desde aquel momento, hasta ahora, la industria no pagó el impuesto pero necesitó de siete renovaciones del decreto de exclusión.
La industria ha respondido con creces al acuerdo establecido y en ese marco puede señalarse que, entre 2005 y 2014 el sector de vinos espumantes invirtió 1.330 millones de pesos, frente a los 914 millones que hubiera pagado de impuesto interno, tal cual lo señaló el titular de Bodegas de Argentina, Walter Bressia. El Gobierno nacional reconoció la situación, tal cual se advierte en lo señalado por el decreto de extensión, que indica que "la exclusión (del impuesto) ha propiciado un importante desarrollo en el sector, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento sostenido de la cantidad de litros despachados al mercado interno".
En la industria vitivinícola las inversiones son a largo plazo, por el simple hecho de que la vid no es un cultivo anual como las hortalizas. Por ese motivo también es que el sector necesita de normas que tengan extensión en el tiempo y que no puedan ser modificadas de acuerdo con el humor o con la ideología de quien tenga a su cargo la toma de decisiones. Es por ello que, más que un decreto, la excepción del impuesto al champán debería hacerse por ley. El año pasado, el ex senador nacional por Mendoza, Adolfo Bermejo, logró la aprobación, por unanimidad, de un proyecto en ese sentido en la Cámara alta, pero la iniciativa se diluyó en razón de que, por reglamento, todo proyecto que signifique modificar el Presupuesto debe ingresar por Diputados. Las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación se inician el 1 de marzo, razón por la cual los legisladores tendrán dos meses (marzo y abril), antes de que finalice la prórroga del impuesto, para impulsar un proyecto en sentido similar al de Bermejo. En ese esquema puede pesar la decisión de la diputada nacional Susana Balbo, una mujer surgida del seno de la industria y que tiene directa llegada al Presidente de la Nación. Es una oportunidad, entonces, que no puede ser desaprovechada.
