El sistema sanitario argentino perdió en los últimos tiempos su principal característica, aquella que lo hacía ser considerado uno de los sistemas con mayor cobertura del continente: el equilibrio entre sus componentes.
Hasta ahora, los tres subsectores daban servicio a un 30% de la población en el sector público (hospitales), un 60% en la seguridad social (sindicales, PAMI y estatales) y un 10% a través de seguros privados (mutuales y prepagas).
Hoy el sector público está viendo incrementada la demanda de usuarios que no pueden acceder a la seguridad social, ni afrontar las cuotas de la medicina privada.
Durante el primer trimestre del año las empresas de medicina prepaga perdieron un 10% del total de los afiliados (140.380 sólo en el distrito metropolitano).
En un país donde el 60% de las instituciones de salud son privadas, esta migración provoca crisis en un lado y sobrecarga en el otro, por lo tanto, caída en la calidad de los servicios: falta de turnos, falta de camas, etc.
Paralelamente se da otra situación aún más preocupante, ya que no tiene la oscilación de las crisis económicas, sino que se agravará indefectiblemente año a año.
Los medicamentos de alto costo están haciendo estallar los presupuestos: Un medicamento para un solo paciente puede costar casi un millón de dólares. Insumen hasta el 19% del costo prestacional total y el 58% del gasto en medicamentos en general. Esto está desfinanciando todo el sistema.
La discusión no es bioética: claramente el paciente debe recibir su medicación. Pero, ¿quién tiene la capacidad económica para sostener esos tratamientos y además brindar al resto de los millones de usuarios una salud de calidad?
Es necesario reconfigurar el sistema definitivamente, pensando en que van a continuar llegando nuevos tratamientos cada vez más caros, logrando acuerdos entre el Estado y los demás sectores, los prestadores, las compañías farmacéuticas, etc. para sostener el financiamiento.
Una opción posible sería unificar toda la cobertura médica de los pacientes especiales en una sola entidad que reciba fondos tanto públicos como privados y de la Seguridad Social.
Esto permitiría reordenar la atención, prevenir gastos y eficientizar los recursos, incorporando herramientas de gestión como las licitaciones.
Las circunstancias requieren el análisis y el trabajo conjunto de todos los sectores porque el desfinanciamiento y el deterioro del sistema están llevando a una situación de emergencia que afectará la salud de la gente.
