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hace 52 minutos
La diputada nacional Victoria Donda, Greenpeace y afectados por la tala de bosques nativos en cinco provincias presentaron hoy un proyecto de ley que penaliza con 2 a 10 años de cárcel el desmonte ilegal, los incendios intencionales y el cambio de uso del suelo.
"El objetivo del proyecto es castigar a los que violan disposiciones legales o reglamentarias y destruyen bosques. Quedan exceptuados los aprovechamientos en superficies menores a diez hectáreas que sean territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores", dijo la legisladora de Libres del Sur al iniciar en el edificio anexo del Congreso la ronda de exposiciones.
El coordinador de campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini manifestó su "alegría" por la iniciativa, aunque se siente "triste porque en 8 años de ley (de Bosques) se desmontó tanto que Argentina está entre los 10 países que más deforestaron en todo el mundo".
Giardini dijo que se desmontaron 600.000 hectáreas en zonas "amarillas", donde la norma sólo permite el aprovechamiento sostenible o actividades como el turismo, y reclamó que en el país se reconozcan "los derechos de la naturaleza" y se castigue a los funcionarios "cómplices" que facilitan "con decretos que valen menos que una ley, que entren las topadoras".
Los primeros en hablar fueron cuatro representantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que en forma sucesiva relataron casos de esa provincia norteña.
"Son unos pocos que tienen el poder de las topadoras, manejan la policía y la justicia. Nosotros pusimos freno a la injusticia de los desalojos con solidaridad y esfuerzo y cuando se votó la ley de Bosques soñamos que frene los desmontes, pero la verdad es que no hay protección" dijo Guido Corvalán, referente del Mocase.
José Villareal, campesino de Saucelito, un paraje cercano a Orán en el noreste de Salta, relató las penurias de los criollos y de las comunidades indígenas ante la justicia cuando van a denunciar desalojos y la indiferencia de los políticos.
"Hay que meterlos presos diputada, dijo dirigiéndose a Donda, son criminales de nuestros recursos. No puede ser que los paisanos ya no tengan corzuelas, ni liebres ni quirquinchos para comer. No dejaron nada "lo único que saben sembrar es soja y caña, yo no como soja ni caña", se indignó Villarreal.
La cordobesa Julieta Rossia, de Salvemos a El Terrón, describió los efectos de la inundación, como consecuencia de la deforestación "irresponsable" para construir "cinco countries y la cancha de golf más grande Latinoamérica" en Mendiolaza, Sierras Chicas, y acusó a la justicia y a los medios de "estar comprados".
Por Neuquén expusieron la mapuche Victoria Amancay Escudero Quintriqueo, de Zonal Lafkenche que denunció el avance de obras públicas en territorio de tres comunidades en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, y Patricio Alberto Raposo, de Alerta Angostura, que advirtió sobre proyectos inmobiliarios que no tienen en cuenta el ordenamiento territorial.
El proyecto de ley también penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico.
Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes, que además puede ser inhabilitado en forma "perpetua" para desempeñarse en cargos públicos.
Asimismo, propone agravantes cuando el delito se haya cometido para obtener beneficio económico; si hay desalojo de familias y si afecta la salud, el ambiente, reservas, parques o áreas protegidas nacionales o locales y territorios indígenas o campesinos.
La norma propuesta establece que las autoridades nacionales y provinciales, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos y las comunidades indígenas puedan presentarse como querellantes.
