La senadora nacional por San Juan, Cristina López Valverde, que integra el bloque del Partido Justicialista, presentó un proyecto de ley para crear un fondo anticrisis para el sector vitivinícola, que operará en todas las provincias productoras.
La suerte de la iniciativa dependerá en parte de la voluntad política de Cambiemos de debatirla. Para López Valverde, la vendimia 2019 puede convertirse "en la peor de los últimos cincuenta años, debido a la concentración de empresas compradoras, las altas tasas de interés, la caída del consumo, los elevados costos de transporte, la apertura de importaciones innecesarias, la alta presión impositiva y el incremento de tarifas de los servicios públicos y de retenciones a la exportación, así como la disminución de los reintegros por exportación de uva de mesa, vino, mosto y pasa de uva".
El proyecto, al que tuvo acceso Los Andes, crea en su artículo 1° el denominado "Fondo de Crisis Vitivinícola (FCV) por el término de 365 días para afrontar acciones de apoyo al sector de producción vitivinícola en todas las provincias productoras", plazo que puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo un año más.
El patrimonio del Fondo, dice el artículo 2°, estará integrado por el 40% de las sumas que el Estado Nacional perciba en concepto de impuesto a las Ganancias, impuesto a los créditos y débitos bancarios (Cheques) y derechos de exportación (retenciones), por parte de las personas físicas y/o jurídicas que realicen la comercialización de vinos y espumantes.
Los recursos que integren el FCV se aplicarán a la compra de productos destinados a la elaboración de mosto y/o vino, propiedad de los productores primarios en la cadena de valor vitivinícola, con el fin de preservar el precio de la uva y evitar sobre stock de producción, dice el artículo 3°.
Y agrega que "en ningún caso las provincias beneficiarias del fondo podrán utilizarlos para el financiamiento de gastos corrientes".
El artículo 4° regula la distribución de los recursos del FCV: se realizará mensualmente, entre las provincias beneficiarias a través del Banco Nación, que por ello no percibirá retribución alguna.
Los recursos destinados a cada provincia dependerán de la participación relativa de cada jurisdicción en el total de la cosecha nacional de uva del año anterior, dice el artículo 5°, mientras que el 6° declara la eximición del FCV y sus operaciones de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro.
El último artículo del proyecto establece que el Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la ley.
Argumentos
En diálogo con Los Andes, López Valverde sostuvo que los productores viñateros "vienen exigiendo políticas públicas activas para evitar, entre otras cosas, excedentes de producción que afecten aún más el precio del producto en el mercado" y que por eso el proyecto "apunta, principalmente, a asegurar una rentabilidad mínima a los productores del sector.
"Si bien existen otras formas de descomprimir el sobrestock, como la política de fomento a la exportación, en nuestro país a partir del ajuste de los reintegros a las exportaciones (que bajaron de siete al tres por ciento), no existen suficientes alicientes para que los productores puedan encontrar salida por el mercado externo", aseveró la senadora nacional por San Juan.
López Valverde advirtió además que "de continuar esta situación sin que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad de proponer medidas conducentes a destrabar, aunque sea de manera coyuntural, la problemática del sector vitivinícola, se verán seriamente perjudicados más de 17.000 productores del país que se abocan a la generación de riqueza agrícola e industrial".
