La modificación de la ley ambiental 5961, establece entre otros puntos, la inclusión de la encuesta de aceptabilidad y la consulta pública como nuevas herramientas para la ciudadanía.
A más de 20 años de la entrada en vigencia de la ley ambiental local 5961- pionera en la material al ser sancionada dos años antes de la inclusión de los derechos ambientales en la Constitución Nacional con la reforma del 94- especialistas comenzaron a vislumbrar la necesidad de modificarla.
Hace ya tres años y medio un grupo conformado por miembros del Colegio de Abogados, Asesoría de Gobierno y la Secretaría de Ambiente trabajan en un proyecto de reforma de la ley que el secretario, Marcos Zandomeni, presentará en la Legislatura los próximos meses.
Uno de los cambios fundamentales apunta a incrementar la participación ciudadana durante el proceso de evaluación ambiental de diferentes proyectos que busquen instalarse en la provincia.
"La participación ciudadana se dará a través de tres herramientas: una encuesta de aceptabilidad, una consulta pública y se seguirá manteniendo la audiencia pública", explicó Zandomeni.
La encuesta se realizará consultando a una muestra proporcional a la cantidad de afectados y en la consulta los interesados podrán acceder a los expedientes de la propuesta en una fecha determinada y en caso de tener observaciones u objeciones fundadas tendrán tiempo para presentarlas por escrito ante la autoridad competente dentro del plazo de quince días hábiles.
"Si bien las tres seguirán sin ser vinculantes, lo importante es que la manifestación de la gente siempre termina influyendo en las decisiones del estado porque todas las recomendaciones terminan quedando en la declaración de impacto ambiental", señaló el funcionario a la vez que remarcó que en Mendoza la población está más acostumbrada a expresarse y a cuidar su entorno que en otras provincias del país.
Asimismo se incluirá la división de toda obra propuesta en tres categorías según su incidencia ambiental: baja, media y alta complejidad. De acuerdo a cada una de estas categorías variarán los requisitos.
Además se establece que las actividades que fueron evaluadas ambientalmente deberán presentar un informe anual o bianual, según el caso, para ser considerado por la Secretaría.
Nuevos proyectos en estudio
Dentro de la modificación se incorporan nuevos casos que anteriormente no se evaluaban como los emprendimientos agrícolas o ganaderos de más de 10 hectáreas: "Antes su evaluación no estaba en el anexo de la ley y hay gran cantidad de hectáreas impactadas con agricultura que no están sujetas a estudio", recalcó el secretario.
Además se buscará incluir las construcciones edilicias que superen los 2 pisos, cuando antes se tomaban los de 4 ó 5, tal como detalló Zandomeni.
Otro artículo que se prevé agregar es el establecimiento de un sistema de información ambiental de libre acceso que mediante un sitio de internet contendrá información existente de los datos físicos, económicos, sociales de todos los casos que tengan incidencia.
Más cambios
La reforma también añade la necesidad de que todo gobernador electo presente un plan de gestión ambiental por cuatro años y se fija el 5 de junio como fecha de presentación.
Ante un peligro de daño ambiental grave o irreversible, se faculta a la Secretaría de Ambiente a declarar la "Emergencia Ambiental" que permitirá la aplicación de medidas de policía extraordinarias.También se establece un programa de reconversión o relocalización ambiental cuando haya emprendimientos que realicen actividades que puedan afectar al medio ambiente que se aplicará progresivamente.
Opinión profesional
Para Aldo Rodríguez Salas, uno de los abogados que trabajó en el proyecto de reforma junto a Guillermo Hernández y Eduardo Sánchez, se le ha dado forma legal a aquellas peticiones o requerimientos de diferentes sectores.
"Fortalece el poder de policía de la Secretaría y le da más poder a la ciudadanía de decidir sobre el ambiente que los rodea ", manifestó.
El letrado destacó además la transparencia que se genera haciendo pública la información ambiental.Pero en lo que más hizo hincapié el experto fue en la necesidad de que la gente haga cumplir sus derechos: "Por más perfecto que sea el texto, las leyes ambientales tienen que quedar en el inconsciente colectivo para que la sociedad sea quien las haga cumplir".
