Con 11 causas juzgadas desde que comenzó su implementación- y 13 estimadas hasta fin de año-, referentes de la Justicia han evaluado como positivo el sistema de juicios por jurados populares.
Tanto es así que algunos de ellos han propuesto que se modifique la ley 9.106 (aprobada en octubre de 2018), para que se amplíe el tipo de delitos que contempla, ya que actualmente está limitada sólo a los homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal.
De hecho, la misma normativa prevé la formación de una Comisión de Seguimiento que, además de revisar la implementación del sistema, tiene por fin analizar la posibilidad de ampliar la competencia respecto de otros delitos no comprendidos.
Durante el sorteo para definir a los casi 6.000 ciudadanos que podrán ser jurados en los juicios durante 2020 y que se realizó el pasado martes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, aseguró que el juicio por jurados ha colmado las expectativas tanto de sus partidarios como de los más reticentes. "Creo que hasta ahora ha salido muy bien gracias a la voluntad de los ciudadanos que han participado; los jueces, los funcionarios y los empleados, entre otros", enumeró.
En cuanto a la ampliación del tipo de delitos adelantó que podría concretarse en un futuro cercano. "Creo que estamos en condiciones, no para el año que viene sino para 2021, de avanzar a delitos como son todos los homicidios", manifestó, a la vez que detalló que, de esta forma, se podrían incorporar otros delitos tales como homicidios simples, agravados por uso de arma de fuego y en ocasión de robo. En ese sentido estimó que se podrían pasar de unos 20 juicios anuales -los que se prevén para 2020- a 110 para 2021.
Consultado por los mayores costos que esto puede representar, Valerio aclaró que depende de cómo se mire: "Si analizo cada juicio por jurados concluyo que es un poco más caro en relación a un juicio común. Pero si analizo todo el sistema penal y veo que mejora en su conjunto porque se acortan los plazos y se toman más decisiones, termina siendo más barato o con el mismo costo", remarcó.
El presidente, Jorge Nanclares, ha pronunciado su descontento con los juicios por jurados: "Sobre todo cuando desde alguna doctrina se da validez al juicio por jurados en razón de la desconfianza en los jueces técnicos".
El subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino, consideró que podría ampliarse el tipo de delitos una vez que se tenga bien "aceitado" el sistema en los homicidios calificados. "Siempre entendiendo que deberíamos ir de mayor a menor en cuento a la pena por lo que le seguirían homicidios simples, abuso sexual seguido de muerte, entre otros", enumeró. De hecho para el funcionario lo ideal sería que en un futuro todo el fuero penal estuviera cruzado por el juicio por jurados.
Delitos de corrupción
En la misma sintonía que Valerio, el jefe de fiscales del Este, Oscar Sívori, alzó la voz a favor de la ampliación. "Ha sido muy buena la experiencia de implementación del juicio por jurados desde el primer caso en el que se juzgó a Petean Pocoví en abril de este año" (ver aparte), comentó. De hecho y para él, avanzar en los juicios por jurados en otros delitos permitiría sumar mayor transparencia de la Justicia.
Si bien aclaró que la decisión sobre qué tipo de delitos podrían incorporarse forma parte de la política criminal de la Provincia, adelantó cuáles sugeriría desde su experiencia.
"Podrían sumarse los delitos contra la administración pública ya que se evitarían ciertos artilugios legales y los funcionarios acusados tendrían que mirar al pueblo a la cara", señaló el fiscal. En ese mismo sentido habló de los delitos de abuso sexual y de violencia de género tales como amenazas graves y tentativas de homicidio. "Sería fundamental que estuvieran presentes donde están en juego los derechos de las personas más vulnerables: mujeres, niños y ancianos", sumó.
En tanto Fernando Guzzo, jefe de fiscales de la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público Fiscal, subrayó que previo a la ampliación de delitos que se juzguen de esta manera debería darse una discusión de fondo que todavía está pendiente: "Hay que debatir si el juicio por jurados es una facultad del Estado o es un derecho del imputado que podría pedirlo en cualquier causa", diferenció. En su caso reconoció que se inclina más por la segunda opción. "El Estado puede determinar ciertos delitos en los que se aplique pero a su vez, cuando la persona juzgada lo solicite, el Estado se lo debería poder garantizar", opinó.
Al igual que Sívori, Guzzo consideró que los delitos que deberían incorporarse son aquellos en perjuicio de la administración pública así como los delitos cometidos por funcionarios públicos. "Independientemente del delito que sea", añadió.
Con respecto al balance de las causas juzgadas de esa forma hasta el momento, el fiscal celebró el compromiso de aquellos que fueron designados como jurados populares y destacó que participaron con gran seriedad.
"Me parece que los veredictos a los que han llegado los jurados no han sido para nada disímiles con los que daría un juez técnico. Si bien no todos tienen la misma biblioteca, no me parece que hayan desentonado en absoluto", comentó. Aseguró que se ha logrado un buen muestreo ya que se han transitado todo los caminos: condenas, absoluciones y un juicio estanco.
Un mayor presupuesto
Consultado sobre la posibilidad de ampliar los tipos de delitos contemplados en los juicios por jurados, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, aseguró que llevará un tiempo considerable. "Extenderlo a otros delitos requiere de una infraestructura distinta, de un presupuesto distinto que, con el tiempo, creo yo, se puede ir ampliando.Pero hoy por hoy es complejo", manifestó. En cuanto a la posibilidad de que abarque otros fueros además del penal habló de la posibilidad de incorporarlos a las causas civiles de grandes dimensiones. "Donde esté en juego una suma de dinero muy importante o una de las partes sea el Estado", sugirió.
Los primeros casos
El primer juicio por jurados que se desarrolló en nuestra provincia fue contra Sebastián Petean Pocoví el pasado 29 de abril. El empresario fue declarado culpable de intento de femicidio y de matar a dos policías en su huida.
-El segundo juicio por jurado de la provincia se llevó a cabo en San Rafael a partir del 7 de mayo. En el mismo, Damián Ortega fue encontrado culpable por el crimen de Florencia Peralta, uniformada estrangulada en su casa en 2016.
-Unos días más tarde, el 13 de mayo, se dio comienzo al tercer juicio de estas características en el cual se juzgó a Claudia Jaquelina Cortez por el homicidio de su pareja, Carlos Ernesto Pelayes. La mujer fue absuelta ya que el jurado popular no se puso de acuerdo en su veredicto y el Ministerio Público Fiscal no insistió con la acusación.
