En su edición del 16 de abril de 2019, Los Andes publicó una nota (“Aviones parlantes y municipios silenciosos”), autoría del investigador del CCT Conicet Mendoza, Rodolfo Richard-Jorba. En ese texto se advertía sobre la ilegalidad de la propaganda sonora difundida desde un avión que sobrevuela el Gran Mendoza con cierta periodicidad.
En tal sentido no debe confundirse a las observaciones del estudioso y creer que su posición es un capricho para bloquear la actividad comercial de una persona o de varias a fin de llevar a cabo ese cometido de difusión de un artículo, comercio o espectáculo.
Los fundamentos de dicha opinión no dejaban dudas; estaban basados en una resolución de la Fiscalía de Estado del 5 de octubre de 1999 que obligaba a los municipios mendocinos a defender el derecho de los ciudadanos a disfrutar “de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” ante la presencia de aeronaves que emitían propaganda, obligando a la sociedad a escucharla.
Alguien podría decir que el intento hace demasiado hincapié contra una actividad que es periódica, y no se pone la misma perseverancia para frenar o disminuir el ruido que producen los escapes de motos de distintas cilindradas o del tránsito automotor, por citar dos casos que el ciudadano puede comprobar a diario.
Volviendo al tema que nos convoca, durante un tiempo se cumplió aquella resolución de la Fiscalía pero, como sucede frecuentemente en nuestro país -y Mendoza no es la excepción-, las normas entran en letargo o se olvidan o, lo que es más grave, se soslayan a fin de favorecer intereses particulares que perjudican el interés general.
Lo cierto es que el o las aeronaves reaparecen con cierta frecuencia en el cielo de Mendoza, haciendo publicidades molestas, mientras que el descuido oficial permanece con inacciones llamativas frente a un claro atropello a los ciudadanos y a una afectación del ambiente por contaminación sonora. Esa desidia sorprende, no sólo porque incluye municipios que proclaman su presunta preocupación en defensa del medio ambiente y contra las amenazas que lo afectan, sino también porque expresamente violan, en el caso de Godoy Cruz por ejemplo, su propia Ordenanza 6867 de diciembre de 2018, que expresamente prohíbe cualquier medio sonoro de publicidad en la vía pública.
Al problema ambiental señalado se agrega otro, potencialmente grave: el de la seguridad física de los ciudadanos. El 10 de febrero pasado se produjo el aterrizaje de emergencia, si así puede llamársele, en pleno barrio Palmares, de una avioneta escuela que acababa de despegar del Aeroclub Mendoza, de La Puntilla. En marzo de 2017 otra pequeña aeronave que había partido del mismo aeródromo se desplomó sobre una calle interna de un barrio privado de Chacras de Coria y se incendió y, en noviembre de 2019, un pequeño avión de entrenamiento capotó en un campo de Agrelo, no muy lejos de la Refinería de YPF de Luján de Cuyo. Afortunadamente en estos casos narrados no hubo que lamentar víctimas fatales, pero la repetición de estos hechos ha puesto en claro la necesidad de estudiar el traslado de esas instalaciones a otro sitios. Una decisión, claro, no muy fácil de adoptar en atención a la magnitud de la inversión económica que se debería encarar para mover el aeroclub a otro lugar.
Ahora bien, en función de las situaciones planteadas, resulta más inexplicable aún que el avión publicitario sobrevuele el Gran Mendoza, no sólo violando normativas de defensa del ambiente y los derechos ciudadanos sino, además, sumándose como un factor de riesgo para las personas en caso de una emergencia mecánica de la aeronave o su eventual caída sobre el núcleo urbano.
Las autoridades pertinentes (municipios, Gobierno de Mendoza y Administración Nacional de Aviación Civil) deben dejar de seguir ignorando estas cuestiones.
