El Gobierno promulgó la ley que apunta a proteger los activos estatales en empresas privadas, mediante el decreto 2061/2015, publicado ayer en el Boletín Oficial junto con el texto de la norma.
El decreto fue firmado por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.
La ley 27.181, aprobada el mes pasado a iniciativa del oficialismo y aliados en la Cámara baja, declara “de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”.
Lo propio, sobre “las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital”.
En su artículo 1 impide “su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
Para vender esos bienes, se requerirá de la autorización del Congreso, con los votos de los dos tercios de los miembros de cada Cámara, según el artículo 20 de la ley.
La iniciativa fue aprobada el 23 de setiembre pasado por 127 votos afirmativos, contra 84 negativos y 5 abstenciones, que correspondieron a los legisladores de izquierda Nicolás del Caño, Pablo López y Myriam Bergman, así como a los diputados de Unidad Popular Víctor De Gennaro y Antonio Riestra.
