Promueven nueva ley de la infancia

El 22 de noviembre de 1995, Mendoza se convirtió en la primera provincia en contar con una Ley destinada a garantizar la protección de la infancia. De hecho, en sintonía con lo establecido en la Convención Internacional años antes, la norma que fue pionera en la historia argentina (N° 6354) concibió a los niños, niñas y adolescentes por primera vez como sujetos de derecho.

Esas bases, justamente fueron las que sirvieron de sostén en el Congreso para dar lugar, diez años después, a la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que rige en todo el país.

Sin embargo ahora, cuando todos se preguntan hasta qué punto el Estado está poniendo en marcha todos los mecanismos para hacer cumplir la legislación, desde el Gobierno buscarán proponer una nueva ley "más ajustada a la realidad y las necesidades de los mendocinos".

Tras afirmar la presencia de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos en la reunión que fue pautada para hoy al mediodía en la Legislatura, el jefe de gabinete de esa área, Eduardo Ruiz, sostuvo que la provincia necesita replantearse la existencia de una norma adecuada a la ley nacional de manera que el sistema de protección de derechos a la infancia sea más efectivo.

"No tenemos una herramienta provincial. Creo que se necesita coordinar mejor las acciones con todos los actores -OAL, gremios y jueces- para ver qué ajustes hay que hacer al sistema", dijo Ruiz. En forma paralela, en el Congreso ya hay una iniciativa del diputado radical Luis Petri para reformular la legislación nacional.

Más allá de esto, lo cierto es que luego de la muerte de Luciana Rodríguez ocurrida el 7 de enero pasado en manos de su propio padrastro, Jorge Orellano (36), las falencias al momento de abordar los casos de maltrato infantil no tardaron en quedar expuestas.

De hecho, luego del fallecimiento se comprobó que existieron 16 denuncias que alertaron en diferentes instancias acerca de los antecedentes de abandono y malos tratos de los que la pequeña era víctima por parte de su entorno familiar.

Así, mientras el fiscal de delitos complejos Daniel Carniello  continuará hoy la ronda de declaraciones a los funcionarios del Órgano Administrativo Local (OAL) que depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), la investigación por el asesinato de la pequeña continuará en la Fiscalía de Capital, a cargo de Daniela Chaler.

Vale aclarar que tanto Orellano como la madre de la niña, Rita Rodríguez (24) se encuentran detenidos e imputados por homicidio agravado, (por alevosía, en el caso del hombre y por el vínculo, en lo concerniente a la mujer).

Citación en la Legislatura

Por otro lado, en la Legislatura Provincial se pautó una reunión  para mañana a las 13 entre los diputados radicales y las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, con el ministro Cristian Bassin a la cabeza. El objetivo es obtener información precisa sobre el estado real en el cual se encuentran los organismos encargados de hacer cumplir las leyes vigentes.

"El Gobierno tiene que reconocer sus limitaciones y comenzar a trabajar para proteger los derechos  de los niños. El Estado tiene la obligación de cuidar la vida y eso es lo que no está ocurriendo debido a las trabas existentes", expresó el diputado radical Fernando Barrigón.

Junto a los legisladores de su mismo partido, Víctor Scattareggia, Omar De Miguel, Tadeo García Zalazar y Héctor Quevedo, Barrigón solicitó una reunión con las autoridades del Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos y de la Dinaf para conocer a ciencia cierta cómo es el funcionamiento actual del sistema de protección de derechos, cuántas personas trabajan en esta área y bajo qué condiciones, y cómo se lleva a cabo esta tarea en los diferentes departamentos.

Los legisladores de la oposición esperan además obtener un detalle de los procedimientos que se llevaron a cabo en el caso de Luciana y si éstos se ajustaron a lo que marca la ley. Pero además buscarán conocer en detalle todas las estadísticas y cuál ha sido el presupuesto destinado a esta área, con qué recursos cuentan desde el año 2008 hasta la actualidad y si hubo pedidos o reclamos para mejorarlos.

Tras el paro, el OAL volverá a trabajar

La semana pasada, fueron los propios trabajadores de la Dinaf y el OAL quienes expusieron que la situación es compleja debido a la  falta de personal y a la inestabilidad laboral que presenta buena parte de los equipos dedicados a afrontar la compleja problemática del maltrato infantil.

Tras el paro y manifestación, que contó con el apoyo de los gremios ATE y Ampros el viernes, el sábado se anunció que por el momento rige la conciliación obligatoria, por lo que los servicios quedaron restablecidos bajo la condición de que no se atiendan los casos por teléfono.

Del mismo modo, ante cualquier situación de conflicto,l os empleados "deberán comunicarse con su jefe inmediato superior o con el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Cristian Bassin, quien acompañará con su firma, la medida a tomar", según dio a conocer Ampros a través de un comunicado.

En ese sentido, la Dinaf también deberá dar explicaciones ante la Legislatura, ya que uno de los pedidos de los diputados es saber si se cumple con las guardias dispuestas por el Protocolo de actuación y Procedimiento del OAL e indique cómo se ejercitan y a qué dependencias se notifican los hechos que van ocurriendo.