Después de tres décadas de vigencia, el régimen de promoción industrial que benefició a San Luis y San Juan (en mayor medida) y a La Rioja y Catamarca (con poco éxito), llega a su fin.
Su aplicación en el tiempo tuvo consecuencias diversas. El desarrollo que se buscaba no logró ser armónico, debido a factores que incidieron fuertemente como la realidad geográfica, la capacidad logística, los recursos humanos, la infraestructura pública (rutas, aeropuertos, comunicaciones), y -sobre todo- la formación y compromiso de la dirigencia.
En las provincias no favorecidas por la promoción el efecto fue grande, especialmente para aquellos Estados que limitan con las provincias beneficiadas. Y diría que Mendoza fue el más afectado.
Esta es una realidad que muchas veces no comprenden quienes han ocupado oficinas en la administración nacional; pero somos los habitantes de esta tierra los que sabemos de industrias que nunca se radicaron, de otras que emigraron hacia tierras promocionadas, con el consecuente éxodo de familias o padres de familia que marcharon con la esperanza de un pronto reencuentro en un contexto de mejor situación económica.
Sin embargo, el impacto social fue tan duro que muchas familias no tuvieron su reencuentro; conocen bien esta situación algunos gremios como la Alimentación o los Metalúrgicos, entre otros.
Por estas y muchas más razones, los que desde San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, califican de egoísta la posición mendocina, deben entender que el daño que nos causaron es irreparable. Tienen que saber que vamos a sostener esta posición y mantendremos una celosa vigilia hasta que comience el nuevo año.
No somos egoístas, no queremos que otros hermanos argentinos pierdan su empleo, pero tampoco queremos que los trabajadores de las industrias beneficiadas sean rehenes de los que, para mantener sus privilegios, dicen que se perderían 100 mil puestos de trabajo. Esta es la mejor prueba del fracaso de la promoción, ya que estaría probando que no generó sustentabilidad económica en los lugares de aplicación.
No somos egoístas, pero sabemos que es muy difícil que exista un modelo en el cual alguien no pierda; cuando no son las provincias no beneficiadas por el sistema, es el Estado que deja de percibir, pero siempre alguien pierde: la frazada es corta.
Sólo hay un camino que puede brindar una solución a este problema que evitaría la confrontación entre argentinos. Es necesario el dialogo entre provincias, incluyendo a la Nación, para evaluar el diagnóstico de cada región, provincia o micro región. Se debe concretar una reforma fiscal que considere ventajas y desventajas comparativas de las zonas en cuestión, las distancias a los mercados, los consumos de energía y su relación con la producción.
No es lo mismo un gran centro de consumo con energía subsidiada (que genera energía con uso de combustibles fósiles), que una región donde se produce a partir de métodos limpios como la hidroeléctrica.
Una situación similar se da con lugares donde el principal ingreso está dado por recursos no renovables como el petróleo, que nada tienen que ver con zonas que sustentan legítimamente su desarrollo en recursos como el trigo, soja, maíz, etc.
Sólo una reforma fiscal con criterios basados en escalas territoriales puede ser la base para un desarrollo económico armónico.
Seguramente así la frazada podrá cubrir a toda la Argentina.
Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
