Sabido es que la situación financiera de la provincia es débil. Y la Salud no es la excepción, con escasos recursos, deudas todavía impagas y dificultades para atender a la gran masa de público que suele usar los efectores del Estado. Por eso el Gobierno de Alfredo Cornejo diagrama en estos días un nuevo sistema de cobro de aranceles en hospitales y centros de salud públicos.
No hay información oficial aún. Pero se supo que se busca de aumentar valores arancelarios, sino de “mejorar la forma de cobrarles” a las obras sociales, por las prestaciones que se dan a sus afiliados.
Y de “empezar a cobrarles” a compañías de Seguros y Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) por las atenciones, principalmente por accidentes, algo sobre lo que el propio Cornejo adelantó el viernes pasado, en el acto por el día de la Seguridad Vial.
Es que el Ejecutivo entiende que hay “cientos de millones de pesos” que se pierden, o que el Estado deja de recaudar, por deficiencias en el cobro en efectores públicos.
Entre esas deficiencias está la escasa recepción de fondos por las prestaciones que se les dan a pacientes con cobertura social. Pero también, y principalmente, el casi nulo arancel que se percibe por accidentología. “No se cobra nada a aseguradoras ni ART”, dicen en el
Ministerio de Salud.
La razones son varias, pero la principal es “la desidia” de gestiones anteriores, indican.
Y si bien nadie en el Ejecutivo duda de que “todos los pacientes deben ser atendidos en el hospital público”, entienden que “hay que mejorar el sistema”. Por eso se busca una forma de hacer “más eficiente” lo que se factura y, sobre todo, lo que se recauda.
No se sabe aún si el nuevo sistema de cobros quedará en la órbita estatal o si será privatizado. Tampoco se sabe la fecha de inicio, aunque se estima que esté listo “en 60 días”.
Obras sociales financiadas
Los hospitales públicos atienden a pacientes de unas 300 obras sociales y prepagas, pero no tienen detalle de esa atención. “Ni siquiera hay un dato exacto de quiénes tienen o no cobertura social”, se quejó un funcionario.
Ése es el primer defecto del actual sistema. “Las falencias comienzan en el proceso de admisión, porque no se toman todos los datos necesarios”, indican.
Otra falencia que se da en la admisión es la falta de información sobre prestaciones. “Por más que se sepa qué obra social tiene el paciente, no hay detalle de las prestaciones. A veces se dan 5 y sólo se cobran 3”, ejemplificó una fuente.
También hay fallas en el modo en que se les cobra a las mutuales. “Muchas veces se cobra menos de lo que se factura”, dicen.
Finalmente, lo que cobrado suele ingresar a las arcas provinciales mucho tiempo después de la facturación. Se habla de siete meses de atraso en promedio, aunque hay casos peores. Hay quien dice que la OSEP, en los últimos años, llegó a tener atrasos superiores a los 12 meses.
Esto imposibilita actualizar montos que se ven superados por la inflación. “Con esta cadena, el Estado termina financiando a las obras sociales”, opinan en el Ministerio.
Las fallas impiden conocer datos estadísticos certeros sobre cuáles son los montos que se pierden o lo que en realidad se debería recaudar. Algunos indican que en la actualidad se pierde “hasta 50% de lo que se recauda”. Es decir que, a lo que ingresa ahora habría que sumarle la mitad de lo recaudado para tener un ingreso “eficiente” en esta área.
La primera medida ya fue tomada. Hace dos meses, el Ministerio de Salud (Resolución 355), suspendió por 90 días las cirugías programadas para pacientes con obra social. “La idea fue buscar en este tiempo un mecanismo para mejorar el control del cobro a obras sociales”, explicaron.
Que parezca un accidente
El panorama empeora cuando se buscan los montos ingresados por “accidentología”. Se trata de hechos que, por lo general, se hacen cargos las aseguradoras (en la mayoría de los casos, por incidentes viales) o las ART (en accidentes laborales).
Además, se sabe que la mayor parte de estos pacientes “llega al hospital público”.
Sin embargo, el Estado casi no recibe dinero por estas atenciones. Los pocos datos oficiales que hay indican que en 2015, entraron apenas $1,8 millones por este ítem. De esos, la mayor parte la recaudó el hospital Central -que atrae a casi todos los heridos del Gran Mendoza- con $1,3 millones. Al Lagomaggiore sólo ingresaron $590 mil. Y en el resto, las cifras son “irrisorias” para la actual gestión: “entre $20 mil y $50 mil” durante todo el año.
“En vez de estos casi $2 millones deberían haberse facturado cientos de millones”, señalan en Salud.
La razón de esta falla sigue siendo la misma: desidia. “No ha habido interés en cobrarlo”, aseguran las fuentes.
El Gobierno no da indicios de cuál será el nuevo sistema. Se habla de “auditorías”, que podrán ser “propias o a cargo de terceros”. Pero está claro que Cornejo irá por esta fuente de recaudación que hasta ahora, poco se tuvo en cuenta.
Entre lo facturado y lo recaudado
Un ejemplo que sirve para mostrar las complicaciones financieras en la Salud pública, se muestra en la diferencia que hay entre lo que el sistema factura en un año frente a lo que realmente recauda.
En 2015, los hospitales mendocinos (sin contar centros de salud) facturaron $277.159.184, sólo por atender a las obras sociales y prepagas.
En ese mismo período, la recaudación fue de $142. 351.276. El desfasaje se debió a que la mayor parte de lo que ingresó se había facturado en 2014, porque, como dicen en el Gobierno “casi siempre se cobra siete meses más tarde”.
Además, hay que tener en cuenta que cada año, por causas de la inflación, el nomenclador de salud incrementa su valor.
La situación contribuye a que el Estado reciba fondos desactualizados.
