Una buena noticia se vislumbra en el horizonte de los que aspiran a ingresar a trabajar al Estado mendocino y no tienen un “padrino”, ya que desde el Gobierno informaron que distintas dependencias trabajan para que “en 60 días” comience a regir el sistema de concursos para quienes quieran ingresar a desempeñar tareas en la administración pública.
Así lo informó a Los Andes el subsecretario de Hacienda, Juan Gantús, quien confirmó además que esa subsecretaría y otras dependencias trabajan en el análisis de los criterios de esa modalidad y en la agilización del sistema.
Esa tarea se da en estos días, en el marco del cumplimiento del Gobierno de Francisco Pérez de los acuerdos paritarios que implican la finalización de los contratos de locación y el correspondiente pase a planta de los agentes contratados.
La tarea ha sido encarada fundamentalmente por la Secretaría Legal y Técnica de la provincia, que conduce Francisco García, a través de la Subsecretaría de Gestión Pública y, según explicaron desde el Gobierno, lo que se busca es “precisión en los conceptos”, por lo que consideraron que todavía es prematuro dar a conocer detalles sobre la metodología de aplicación o de los puntos que serán incorporados en primer término, esto es, si sólo servirá para los ingresantes o si también se usará para los ascensos.
Una espera de cuatro años
Si bien los antecedentes sobre empleos concursados en el Estado se remontan a 1969, fue en noviembre de 2008 cuando la Legislatura mendocina aprobó la Ley 7.970, de Régimen de Concursos, que convalidó un decreto del año anterior (3.166/07), firmado por el entonces gobernador Julio Cobos, que homologaba dos actas paritarias suscriptas por miembros de la comisión negociadora de la administración central “relacionadas con la implementación del régimen de concursos y la efectividad de los cargos de los agentes con subrogancia”.
Fue recién en agosto de 2011 cuando se promulgó definitivamente esa ley, pero lo cierto es que nunca se aplicó.
Incluso, en octubre de 2012 hubo dos proyectos presentados por los senadores demócratas Carlos Aguinaga y Ernesto Corvalán que buscaban no sólo el acatamiento de la ley sino también la prohibición de “nombramientos indiscriminados de empleados públicos”, pero que no tuvieron eco en la cámara.
“Si realmente se cumple, no dejará de ser una buena noticia”, destacó Corvalán sobre las tareas del Ejecutivo, mostrándose sorprendido por el hecho ya que cuando su bloque presentó los proyectos, “el oficialismo no quiso tratarlo”.
Por el lado de los trabajadores la recepción también fue buena. “ATE celebra esta noticia si realmente es cierta”, indicó el secretario gremial de ese sindicato, Carlos Simón, tras recordar que “desde hace un año” le piden a Pérez que confeccione “un listado de ingreso, carrera y ascenso” basado en esa postergada ley.
Para Simón, la trascendencia de este régimen es tal que permitiría mostrar el valor real de la administración pública. “La diferencia entre eficacia y eficiencia en el Estado es la aplicación de la ley de concursos”, destacó el gremialista.
Desde el Gobierno indicaron que la tarea fundamental en los estamentos gubernamentales estos días es definir el criterio de aplicación del régimen.
En el caso de Hacienda, Gantús explicó que lo que buscan es determinar cuál será su rol. “En principio, si se da una vacante, Hacienda informará el hecho y la existencia o no de presupuesto para su ocupación”, informó el funcionario, tras lo cual quedará habilitado el sistema para el concurso “abierto o cerrado”, según sea el caso.
Pero la tarea principal durante estos 60 días será dar forma a un régimen altamente demandado no sólo por los trabajadores, sino por todos los mendocinos. Es que si realmente se aplica, por fin se habrá terminado con la política de hacer entrar al Estado a punteros políticos, amigos o familiares de los gobernantes de turno.
