El conflicto entre la comuna de Lavalle y un sector de sus empleados municipales no encuentra final y ya casi suma dos meses. Ayer fracasó una nueva instancia en el Ministerio de Gobierno.
Tras tres horas de reunión pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 13 la gestión de buenos oficios de la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Fernanda Lacoste, en la que también intervinieron el párroco del departamento ('padre Juan') y la senadora provincial del Frente para la Victoria, Claudia Segovia.
La oferta de la comuna ha sido rechazada por ATE-Lavalle a pesar de que cuenta con la conformidad del Sindicato de Municipales de Lavalle. Consiste en el pago de 500 pesos adicionales en enero, febrero y marzo, el reconocimiento de una deuda por antigüedad y la liquidación del porcentaje por zona.
ATE Lavalle ratificó su reclamo de 2.000 pesos y de un cronograma de pase a planta permanente del personal contratado, que suma la mitad de los empleados, según afirma Raquel Blas, titular de ATE Mendoza.
El conflicto lavallino pone en evidencia la cruda puja sindical existente entre el gremio históricamente mayoritario (el sindicato de Municipales de Lavalle que hoy encabeza Oscar Hernández) y ATE Lavalle, que dirige María Elena Garro, minoritario entre la totalidad del personal, aunque con mayoría propia de afiliados en el sector de Mayordomía, epicentro del reclamo.
En las últimas dos semanas las desavenencias provocaron incidentes que conmocionaron al departamento: los manifestantes arrojaron residuos en la casa del intendente Roberto Righi, hubo cruces de agresiones entre manifestantes y funcionarios en el domicilio de un integrante del Gabinete y el área de maestranza fue tomada el 9 de diciembre pasado.
Las medidas de acción directa se han venido sucediendo a pesar de que la Subsecretaría de Trabajo declaró la ilegalidad del paro el pasado 12 de noviembre. Esto ha sido desconocido por los reclamantes.
