El tribunal que llevará adelante desde agosto el juicio “AMIA II”, por las irregularidades en la investigación del atentado a la mutual judía, prohibió salir del país a todos los acusados, incluido el ex presidente Carlos Menem, para evitar demoras eventuales en el debate oral.
A tres días de cumplirse el aniversario número 21 del atentado aún impune que provocó la muerte de 85 personas, el Tribunal Oral Federal 2 anunció que decidió prohibir la salida del país, salvo permiso previo, de Menem, del ex juez Juan José Galeano, de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y del ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy.
La medida alcanza también a los ex espías Patricio Finnen y Juan Carlos Anchezar; al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; al ex reducidor de autos, Carlos Telleldín; a su esposa Ana Boragni y a su abogado Víctor Stinfale, así como a los ex jefes policiales Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda.
Ya se notificó a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones, a la Policía Federal, a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se indicó.
En su resolución, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel afirmaron que cuando el juez federal Ariel Lijo les dictó sus respectivos procesamientos fueron sin prisión preventiva, pero “en aras a prestar eficientemente el servicio de justicia” y “garantizar” la presencia de los encartados en el debate, se iba a modificar la situación.
El tribunal consideró que había que prohibir la salida del país para “contrarrestar eventuales imprevistos por parte de los imputados que pudieran conllevar a suspender, retrasar o interrumpir el normal desarrollo del debate”.
El juicio oral comenzará el próximo 6 de agosto, a las 9.30, en los tribunales de Comodoro Py 2002, y se llevará adelante inicialmente sólo los jueves. Está previsto que desfilen más de 180 testigos, entre ellos la presidenta Cristina Fernández y el ex hombre fuerte de la ex SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso.
Allí se ventilarán los delitos que se habrían cometido durante los primeros años de investigación por la explosión ocurrida en Pasteur 633 el 18 de julio de 1994, y que quedaron expuestos en el juicio oral que se sustanció contra la llamada “conexión local” de la masacre.
Allí terminaron absueltos Telleldín (luego su caso fue reabierto) y un grupo de policías que estaba acusado de haberse llevado de la casa del reducidor de autos la camioneta que se convirtió en coche-bomba.
Pero en el juicio oral se supo que la declaración dada por Telleldín en ese sentido había sido fruto del pago de 400 mil dólares que hizo la SIDE. Recientemente Galeano dio una entrevista en la que aseveró que ese pago fue una operación de inteligencia.
Los acusados también tendrán que responder por presuntos “aprietes” a testigos.
