Mañana volverán a abrir las puertas del colegio Antonio Próvolo, con la garantía de terminar el ciclo lectivo 2016 (las clases finalizan el 7 de diciembre) y con la promesa de una "virtual intervención" del Estado. La intención es contener a los alumnos y padres, pero también supervisar a la institución religiosa.
Con esta finalidad, la Dirección General de Escuelas (DGE) instalará sus oficinas en el Instituto educativo religioso para niños con discapacidad hipoacúsica. El Gobierno anunció ayer una serie de medidas con las que acompañarán la investigación judicial por los presuntos casos de abuso de menores por parte de miembros la orden religiosa propietaria del colegio privado.
La medida más contundente es que ninguna persona de la congregación podrá tener contacto con los alumnos o padres. "A través del Ministerio Público Fiscal, hemos solicitado una prohibición de acercamiento de los miembros de la institución religiosa Asociación Civil Antonio Próvolo o Asociación Civil San José", señaló Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la DGE.
La medida no afecta a los 45 docentes que están al frente del aula,ya que 30 de ellos fueron contratados por la Institución y 15 son aportados desde el Gobierno, en cumplimiento a la ley de Discapacidad. En este sentido, aclararon que ésta es toda la participación estatal en cuando a subsidios al Colegio.
A su vez, la Dirección de Educación Privada pedirá que se abra un sumario que investigará a la Institución y que, en última instancia, decidirá si la orden podrá seguir brindando el servicio educativo.
Si bien el tema es manejado con cautela, están quienes creen que el año que viene no seguirá la institución religiosa a cargo de la educación de chicos con problemas auditivos, una patología que en muchos casos se acompaña de otro tipo de problemas cognitivos.
Es por esto que en el Gobierno anunciaron que están evaluando "alternativas" que garanticen la continuidad educativa de los 55 niños que asisten a la primaria y los 36 adolescentes que concurren a los EFI (Educación de Formación Integral).
Del total, diez alumnos permanecían albergados en la institución que está ubicada en Luján. Ayer el Gobierno dispuso que estos chicos, provenientes de distintos departamentos alejados del Gran Mendoza, regresen a sus casas.
“En esos casos se van a arbitrar todos los medios para que los chicos puedan asistir y finalizar el ciclo escolar”, aseguró Mónica Coronado, subsecretaria de Gestión Educativa de la DGE.
Desde la escuela
Las medidas que anunció ayer el Gobierno tendrán como sede a la misma Institución, ya que la intención es que la DGE esté instalada y supervise las actividades durante todo el horario de funcionamiento escolar.
Al equipo estatal se sumarán un psicólogo especialista en abuso sexual infantil, cuatro intérpretes de señas y trabajadores sociales. Además, estarán los profesionales de la Doaite (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares) y el Órgano Administrativo Local de la Dirección de Niñez e Infancia (Dinaf).
“Es significativo que la sede de supervisión se traslade al colegio”, reconocieron ayer, dando a entender que la intención en el Gobierno es tomar el control de la institución, al menos durante la última semana de clases.
Con esta finalidad, hoy también quedaron suspendidas las clases, ya que el Gobierno dispuso la jornada para “organizar el equipo de trabajo para restablecer el servicio educativo”.
La DGE desconoció los antecedentes de Corradi
“La denuncia de abuso no está radicada en la Argentina, y la estrategia, en estos casos, es ubicar a las personas lejos de donde está radicada la denuncia”, justificó Mónica Coronado en torno a la situación del cura Nicolás Corradi (82), quien tiene antecedentes de violaciones, masturbaciones forzadas y sodomía en el Instituto Próvolo, en Verona, Italia.
En este sentido, en la DGE explicaron que el estudio psicofísico, que podría dar una pauta de la existencia de este tipo de comportamientos sexuales aberrantes, es realizado sobre los docentes, que nada tienen que ver con las autoridades religiosas que administran y son propietarias del colegio privado.
Sadop solicitó protección para los docentes
Desde el gremio de nuclea a los docentes privados, Sadop, solicitaron protección para los maestros y profesores de la escuela en Carrodilla, ante la posibilidad de represalias.
Sadop emitió un comunicado pidiendo a la DGE, en particular a la Dirección de Educación Especial y Dirección de Educación Privada, que “ante la alta sensibilidad de la comunidad educativa y el ánimo de los padres de los alumnos escolarizados” se garantice “la seguridad, integridad física y moral de los trabajadores docentes” del Próvolo.
“La incertidumbre por la carencia de certezas y el grado de participación de cada miembro de la entidad, el miedo y la falta de confianza general pueden desembocar en el descreimiento de la labor docente”, argumentó el comunicado firmado por Ester Linco Lorca y María Luisa Nasif.
