El país enfrenta el desafío de definir simultáneamente el tamaño y las funciones del sector público (actualmente el gasto público consolidado supera el 43% del PBI) y también la calidad de sus bienes y servicios y la equidad de su distribución.
La evidencia internacional muestra que en los países desarrollados, desde Alemania hasta Australia, el Estado opera como un agente promotor y catalizador del desarrollo. Estas naciones cuentan con burocracias profesionales basadas en el mérito y bien remuneradas.
Desde el retorno de la democracia, el caso argentino evidencia la alternancia de iniciativas de reforma que han buscado instalar modelos de administración pública con distintos énfasis, aunque con un predominio de los sistemas de carrera por sobre los gerenciales.
A diferencia de otras experiencias más recientes en la región, como las de Chile y Perú, en nuestro país los diferentes impulsos de reforma se debilitaron, interrumpieron o congelaron en el tiempo, más allá de contar con diseños innovadores y precursores para la época, como el caso del Cuerpo de Administradores Gubernamentales.
Entonces, ¿cómo repensar el rol y las funciones de los directivos públicos en forma estratégica?
En primer lugar, resulta indispensable dentro de la administración pública contar con una política de gestión integral de los recursos humanos que contemple de manera consistente los formatos de reclutamiento, capacitación y remuneración de los directivos públicos. Que sean elegidos mediante concursos de oposición y antecedentes es una condición necesaria, mas no suficiente para la institucionalización y profesionalización del espacio directivo, en donde este tipo de funcionarios son responsables tanto civil como penalmente por sus actos administrativos.
Las administraciones públicas diseñadas sobre la base de burocracias profesionales ancladas en el mérito y bajo la coordinación estratégica de los directivos públicos idóneos cumplen un rol central para garantizar la institucionalización de políticas públicas de incidencia crítica en vastos sectores de la sociedad.
Políticas que no deberían modificarse de manera sustantiva a lo largo del tiempo, más allá de los titulares que se encuentran a cargo de la administración gubernamental de turno.
