Sin nuevo endeudamiento, se aprobó el subsidio para la poda

Lo que era una nueva disputa entre el PJ y la UCR por la autorización de endeudamiento que pidió el Gobierno para el Plan de Poda terminó en un arreglo entre los principales partidos provinciales.

Hoy, cientos de productores de San Rafael y el Valle de Uco, entre otros, llegaron hasta la Legislatura provincial para reclamar ayuda con la poda, que justamente se trataba en el Senado.

La mayoría de los productores están nucleados en la Sociedad Rural de San Rafael. Pedían que se aprobaran los fondos que contempla el Plan de Poda (ley 8.694), que establece el destino de $3.000 de subsidio por hectárea (máximo 10 hectáreas de vides y frutales) a cada productor cuya cosecha se haya dañado por las contingencias climáticas.

El tema, que generó nuevos cruces entre radicales y peronistas por la idea del Ejecutivo de tomar nueva deuda, se fue inflando pero se pinchó por la tarde con un acuerdo entre las partes.

Desde el oficialismo insistían en que necesitan 100 millones de pesos para cumplir con esa ayuda a los pequeños productores, teniendo en cuenta que se transitan los últimos días del fin del período de la actividad del sector (termina en agosto), mientras que el principal partido de la oposición no permití que el Gobierno tomara más créditos.

Entonces, apareció una “contrapropuesta”: financiar a los productores en emergencia sin tener que recurrir a un nuevo financiamiento, para lo cual le recordó al Ejecutivo que cuenta con una autorización de deuda desde el 2013 por $ 200 millones (según el artículo 86 del presupuesto del año pasado) para hacer uso de ese monto, aunque con la condición de disponer $ 100 millones (el 50%) para la capitalización del Fondo de Transformación y el Crecimiento, y la otra mitad , coincidente con el pedido del oficialismo, para el “Plan Poda”.

Esto fue finalmente lo que se votó, pero con la salvedad que habrá un adelanto de un 10% de los 100 millones para solventar a los productores. Luego se verá cómo será el desembolso del resto.

“Hay miles de hectáreas afectadas. El tema del subsidio debería haber quedado solucionado hace tiempo y no ahora que es cuando se necesita urgente hacer la poda. Pedimos que se termine la mezquindad política que está frenando toda la actividad de la provincia. Si seguimos así, no vamos a poder llegar a la próxima cosecha en condiciones”, sostuvo en la previa Marcelo, uno los integrantes de la Sociedad Rural de San Rafael.

Qué se aprobó

Se dio luz verde a la modificación del Artículo 86 de la Ley 8530 - Estructura del presupuesto provincial 2013.

Dicho artículo autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar el Crédito, autorizado durante el año 2013 y aún vigente, hasta la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000), o su equivalente en otras monedas, asociado a operaciones de crédito público. Dichas operaciones se podrán instrumentar con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales u organismos multilaterales de crédito, por medio de una o más operaciones de endeudamiento tales como préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda, letras, constitución de fideicomisos financieros y de garantía, securitización o titulización de garantías, créditos puente y/u otros medios financieros que resulten convenientes a los intereses provinciales. La presente operatoria podrá garantizarse en los términos y con los recursos previstos en el artículo 67° de la ley N° 8.701. El 50% del monto autorizado se destinará a la capitalización del Fondo de la Transformación y el Crecimiento y el 50% restante se afectará al cumplimiento del artículo 1º de la Ley Nº8.694".

Su artículo 2 contempla que se autorice al Poder Ejecutivo de la aplicación de la Ley N° 8.694 a realizar anticipos y pagos hasta 3.000 pesos por hectárea, hasta la obtención del financiamiento autorizado en el artículo 86 de la Ley N° 8.530, autorizando al Poder Ejecutivo a afectar diez millones de pesos a dicho efecto antes del 16 de septiembre de 2014.

Otro de los puntos principales del proyecto expresan que el Poder Ejecutivo dispondrá del 10% del financiamiento del artículo 65 de la Ley 8.701, en la medida que efectivamente vaya ingresando, para ser afectado al destino establecido en el artículo 1 de la Ley 8.694.