La Comisión Europea decidió abrir una investigación de las importaciones de biodiésel de Argentina para determinar si ese combustible está subvencionado por el gobierno nacional.
El cuestionamiento se produce en plena recta final de la negociación comercial con el Mercosur. El brazo ejecutivo de la Unión Europea, desde Bruselas, cede así ante la presión de los productores europeos e investigará si el biodiésel argentino recibe subsidios que atenten contra la competencia.
Los supuestos
La investigación se centrará en saber si los productores argentinos tienen acceso a soja por debajo del precio del mercado, si los productores consiguen créditos en condiciones preferenciales e incluso si reciben ayudas gubernamentales en forma de impuestos pagados con retrasos o directamente nunca pagados. La denuncia de los productores europeos se basa precisamente en esos supuestos.
El procedimiento antisubvención se abre tras la denuncia presentada el 18 de diciembre de 2017 por el Consejo Europeo de Biodiésel (EBB) que, a juicio de Bruselas, "presenta indicios suficientes de que los productores" argentinos "se han beneficiado de varias subvenciones concedidas por su gobierno".
La industria europea lanza así una nueva ofensiva contra el biodiésel argentino, en este caso en un procedimiento antisubsidios, meses después de que el bloque calculara a la baja los derechos antidumping impuestos en 2013 tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2016.
500 millones de dólares es lo que se espera exportar de biodiésel a la UE en 2018.
Los derechos revisados son “claramente insuficientes frente a las importaciones masivas de biodiésel argentino comercializado injustamente, lo que ya ha provocado graves daños a la industria de la UE”, dijo en un comunicado el EBB, justificando su demanda por la rebaja de los aranceles.
Tras la publicación en el Diario Oficial, Bruselas tiene ahora 13 meses para determinar si existen subvenciones y, de confirmarse, "la investigación examinará si la imposición de medidas iría o no en contra del interés de la Unión".
La presuntas prácticas de subvención serían, entre otras, el suministro de bienes y servicios “por una remuneración inferior a la adecuada”, como el suministro de semillas de soja.
Otros serían la compra de bienes, como biodiésel por encargo, por un precio mayor al adecuado; la financiación de exportaciones en condiciones preferenciales o la condonación o no recaudación de ingresos públicos vinculados a este biocombustible.
Durante la investigación, que abarcará sólo 2017 aunque podrá tener en cuenta las tendencias desde 2014, Bruselas pedirá información a los exportadores argentinos seleccionados, a las autoridades argentinas y a la industria europea.
Grandes volúmenes
A la espera de una decisión final, la Comisión puede imponer medidas provisionales, una opción reclamada por el EBB. Las exportaciones argentinas podrían “superar ampliamente los 2 a 2,5 millones de toneladas en 2018. Esto sería inaceptable”, apuntó el secretario general de la Comisión europea, Raffaello Garofalo.
En su demanda, según la Comisión, esta organización señala un "probable" aumento "sustancial de las importaciones" por la "suficiente capacidad libremente disponible" en Argentina, vistas la reducción de las medidas antidumping europeas y la imposición de otras en Estados Unidos.
Tras considerar que este combustible recibe subsidios y compite con los productores estadounidenses de forma injusta, Washington decidió en noviembre imponer aranceles de hasta el 72%. Buenos Aires abrió la puerta a recurrir al mecanismo de solución de diferencias ante la OMC.
La OMC ya dio parcialmente la razón a Argentina en setiembre de 2016, cuando instó a la UE a “adoptar las medidas necesarias para atenerse a las reglas” del comercio internacional, pero rechazando que las medidas antidumping europeas violaran las mismas.
1500 millones de dólares es lo que se exportó en 2012, antes de las sanciones.
En 2012, antes de la imposición de esas medidas, las exportaciones de biodiésel argentino a la UE llegaban a 1,6 millón de toneladas al año, que representaban unos 1.500 millones de dólares anuales, pero bajaron casi a cero por la medida.
El lento regreso de las ventas a Europa en 2017 reportó unos 300 millones de dólares y la cámara del sector en Argentina calculaba que en 2018 podrían llegar a unos 500 millones de dólares a medida que se iban restableciendo los intercambios con la UE.
El anuncio de la investigación llega en un momento sensible de las negociaciones de un acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, en el que el capítulo agrícola está levantando reticencias en Europa, especialmente entre los productores europeos de carne bovina.
Un bajo gravamen para el carburante
Argentina tiene un criterio de retenciones escalonado e inverso en su espíritu. Con la idea de premiar las ventas de mayor valor agregado, los tributos son mayores para la soja que para el biodiésel: el poroto está gravado con el 30%, el aceite con el 27% y el carburante verde con 8%.
Este esquema tiene gran impacto también fronteras adentro, ya que abarata el precio del insumo para elaborar el carburante.
Tanto es así, que si no hubiera retenciones se encarecería de tal modo el aceite de soja que convendría exportarlo y no procesarlo.
La tonelada de biodiésel hoy se exporta a 642 dólares, contra 582 la de aceite. Sin impuestos a la exportación, esa ventaja de 60 dólares se revertiría a -94 dólares.
