Los productores vitivinícolas estamos arrodillados, sometidos, humillados y con amenaza de muerte, esto significa que a un grupo de personas no le llegan los beneficios de las teorías de inclusión social, sino por el contrario, están excluidas, marginadas y miran desde allí un Estado que crece en burocracia, mientras que a este grupo castigado le toca reducir su planta de personal por falta de rentabilidad.
Ahora, ¿toda la industria pasa por lo mismo? Veamos: las nuevas teorías de desarrollo rural hablan de territorialidad, con enfoque multisectorial y participativo.
Hay quienes advirtieron en el mundo los efectos negativos del neoliberalismo y sus políticas públicas, que no han hecho más que acentuar la desigualdad territorial y social, haciéndole perder al mismo tiempo soberanía a los gobiernos nacionales y locales, frente a capitales financieros agroindustriales.
De allí comenzaron a aparecer teorías que valoran la función social de la economía, en donde no se habla solo de productividad, sino de otras dimensiones que efectivamente logren disminuir la pobreza, algo que bajo el concepto de libre mercado no se logró jamás.
En esto deberíamos estar pensando en Argentina. En Europa, por ejemplo, se desarrolla en este sentido el proyecto Leader. Aquí no. En nuestro país rige en la práctica el decreto de desregulación de Domingo Cavallo, elemento fundamental para las teorías de libre mercado de la década del ‘90, cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.
Hoy, mientras en teoría se promulgó la Ley de Abastecimiento y el observatorio de precios, que permitiría al Estado la intervención para favorecer al más débil y luchar contra la injusta distribución de la renta en la cadena comercial, en la práctica no se aplica.
Conclusión: tenemos en la “vida real” un mercado totalmente distorsionado, en el que el “lobo” se come al “cordero”, y es legal. Sólo hay que graficar la realidad que nosotros vivimos: un productor vendió su uva en febrero, marzo, al mismo precio de hace 5 años.
¿El plazo? Mayor. El trato fue, pago en seis meses a partir de junio, pero quien le compra la uva, hace vino y lo puede usar desde la fecha de liberación, es decir, probablemente entre junio y julio, según la fuerza del lobby que logren hacer los grandes. O sea, utiliza el vino y todavía no paga la uva.
Pero además, cuando productores y elaboradores pequeños fueron a cobrar su primera cuota, les informaron que la empresa poderosa había decidido unilateralmente modificar los plazos y ahora comenzarán a cobrar en setiembre. ¿Y la poda cómo la hacemos? La respuesta: “Son órdenes de Buenos Aires, contesta con cara de piedra un gerente local”.
¿Cómo permiten los productores este abuso? Es que nadie nos escucha, a nadie le importa. La élite industrial, cuyos balances muestran crecimientos de dos dígitos, que ha “tomado” a las instituciones representativas de la industria, no se hizo eco de nuestro reclamo, de contratos escritos previos a la entrega del producto. Gobierno y oposición nos miran asombrados frente a estas injusticias pero no saben salir de allí, o quizás no quieren.
Es importante mencionar las “cuevas” de compra-venta de cupos de mosto, que ayudan a los grandes a no cumplir con el 35% obligatorio de destino a mosto, mientras al productor se lo hacen hacer hasta de uva tinta ya que la bodega se queda con su uva tinta, hace vino tinto, pero le paga como mosto de blanco, un producto 100% mas barato que el entregado, mientras la bodega compra cupo. En fin, un negocio muy común en estos tiempos.
Otro paradigma del neoliberalismo que se cumple: los grupos dominantes se conforman como únicos interlocutores reconocidos por el gobierno y logran imponer sus reglas de juego.
Teniendo en cuenta que las 10 principales bodegas exportadoras concentran más del 55% de las exportaciones en botellas y el 100% en tetra, el Fondo Vitivinícola termina de aprobar lo siguiente: como hacer mosto significa tener un producto cuyo valor no alcanza a cubrir los costos de su producción, esta “elite” no quiere hacerlo; por lo tanto, con la excusa de fomentar las exportaciones, inventaron una regla: “cada 1 litro de vino exportado no debe hacer 1,5 litro de mosto”.
Pero para diferenciarse aun más en esta crisis total, ahora la relación será que por cada 1 litro exportado, no deberán hacerse 2,5 litros de mosto. Algo muy conveniente para ellos. Ahora, sin analizar la razón por la que incumplieron, obligan al resto de las bodegas que no cumplieron con el 35% de destino a cupo a que destilen (tiren) el vino correspondiente hasta cubrir ese porcentaje. ¡Muy equitativa la medida! ¿No?
El productor hace frente al pago de Irrigación con sus terribles aumentos e intereses abusivos si se demora en el pago de alguna de sus obligaciones, impuestos nacionales y provinciales, incluso aporte a Coviar por parte de bodegas pequeñas que no tienen absolutamente ningún beneficio por participar.
A un productor, si se le presta dinero debe hipotecar su propiedad o inmovilizar su vino. Mientras tanto, subsidia con su trabajo a las grandes empresas que usan su uva, incluso y sobre todo, varietales; le pagan por debajo de lo que cuesta producir, en las cuotas que se le antoje al comprador, sin intereses y modificándose a voluntad de estos, ante los ojos de todos, absolutamente todos.
Entonces, si el Gobierno no puede hacer nada, si las instituciones que supuestamente nuclean a “todos” los sectores no se hacen eco de estas injusticias, si los legisladores no tienen poder, entonces dejan al lobo suelto, y con hambre, entre las ovejas, a las cuales se comerá una a una.
La angustia que vivimos desde el sector nos lleva a pensar que no habrá otra solución que considerar la imposición de un precio mínimo para la uva y el vino. Y tener esperanza en nuevas formas de asociación, en las que se respeten las reglas del comercio justo, como ojalá pueda ser la asociación recientemente creada; de lo contrario, por favor, terminen con esta agonía, que nos tiene agobiados, no nos deja vivir en paz, y dejen que quienes nos tienen arrodillados, apuntándonos en la cabeza... ¡Disparen de una vez!
