Cada producto es un “mundo”. Como toda actividad agroindustrial la situación de mercado, clima y interés se pone en juego a la hora de negociar el precio de la uva, de la ciruela, del damasco, y la forma en que esa materia prima se va a pagar.
Dependiendo de diversas condiciones, cada año la disyuntiva de cuánto se va a pagar se pone sobre la cancha y ahí cada jugador pelea por levantar o bajar la pelota. En este partido la oferta y la demanda son las que deciden hacía dónde va a ir.
El año pasado, con la vendimia 2017 los precios se elevaron debido a una oferta acotada, recordemos que se caracterizó por ser la segunda cosecha más baja de los últimos 50 años.
Acá podríamos decir, y haciendo alusión a la época del mundial, es que los productores lograron ganar el partido.
En cambio, en esta temporada la pelota pasó a las bodegas.
Desde el Gobierno admiten que conocen esta situación e impulsan un proyecto de ley para este tuoi de contratos.
Con una cosecha que se ubicó por encima de los 23 millones de kilos de uva, los establecimientos que compran uva de terceros consideran que tienen el poder de decisión y por ende están en la lucha por ganar este partido.
Siendo claros. La historia de la compra y venta de uva durante todos los años se ha formado dependiendo de la realidad del mercado, la cantidad de uva, y las proyecciones de ventas. Algunos años se paga más y otros menos.
Pero siempre hay una situación que se repite consecuentemente, y es que lo acordado entre productores y bodegueros cuando se entrega o recibe la uva a fines de la cosecha pocas veces se respeta en el momento en que las firmas deben entregar los cheques y firmar los contratos correspondientes en junio.
De este modo, es que los productores en esta vendimia se sientes "estafados" ya que entregaron uva a las principales firmas de la provincia, acordando un precio, que hoy a la hora de cerrar contratos se los bajan entre $ 2 y $ 4 por kilo.
Para ejemplificar: un productor acordó entregar uva malbec de primera zona a $ 24 el kilo, igual que el año pasado. En cambio, hoy las bodegas ofrecen por ese mismo varietal $ 22 o $ 20.
Pero además, y el problema que manifiestan, es que el plazo acordado de pago de 6 meses se estiró y ahora pasaron a 8, 10 o 12 meses.
Esto complica la situación del eslabón primario, justo en una época en donde tienen que realizar ciertas labores culturales, como es la poda.
Frente a este panorama, es que el Gobierno está impulsando un proyecto de Ley para elaborar un registro público obligatorio de contratos de uva, algo similar con lo que sucede con la elaboración de vino a terceros.
Alfredo Aciar, Jefe de Gabinete del ministerio de Economía de la provincia de Mendoza, contó que "el objetivo es poder solucionar esta problemática que se repite cada año y que los productores y bodegas tengan un instrumento legal en donde se respete este contrato, y si no se hace, tengan cómo defenderse ante incumplimientos".
“Como sucede con los contratos de elaboración de vinos a terceros, la idea es que se hagan los registros hasta el 31 de mayo en la Bolsa de Comercio de Mendoza, que es más o menos la fecha en donde los números del sector están más claros, con la cantidad de uva cosechada, y proyección de ventas tanto en el mercado interno como externo”, remarcó Aciar.
Para entender el mercado, el funcionario indicó que el 40% de la vitivinicultura en Mendoza comprende a uvas propias de las mismas bodegas.
El 60% restante se divide, 50% del mercado de uva que elaboran terceros, y el otro cincuenta, compra y venta de uva.
Este último porcentaje es del que estamos hablando y que se modifica según condiciones. En este caso son alrededor de 6 millones de quintales de uva.
“Con esta medida dejaríamos la especulación y el maltrato del que hablan los productores, no solo de uva, sino también la idea es que estos contratos sean obligatorios en las demás industrias, como ciruela, manzana, pera, damasco, etc.”, puntualizó Aciar.
Alarma en los productores
Los productores locales se encuentran alarmados con los contratos que las bodegas quieren cerrar por estos días.
Sebastián Lafalla, de la Asociación de Viñateros de Mendoza, mencionó que "hay muchas bodegas que están bajando el precio del kilo de uva y alargando a los 12 meses los pagos. Estamos devastados, las grandes empresas se siguen aprovechando y negociando con los productores".
“Necesitamos que de forma urgente el Gobierno reglamente alguna medida que corte con este tipo de abusos, porque no hay protección”, remarcó Lafalla.
Algunos ejemplos que dio el productor, es que algunas bodegas bajan el precio del malbec de $ 24 a $ 22 en uvas de primera calidad de Valle de Uco, o el malbec del Este de $ 20 a $ 18.
En esta coyuntura de inflación y devaluación, la caída del poder adquisitivo del productor será del 50%.
Coincidió con este panorama, el productor, Horacio Meli, aunque destacó que en su caso no le ha pasado. Sin embargo puntualizó que sí está al tanto de la situación y que los precios que se han pactado en marzo no corresponde con lo que le quieren pagar ahora a los productores. "Hay que volver a trabajar en el tema, necesitamos una herramienta que proteja al productor".
Por otro lado, un productor de Valle de Uco -que tiene 27 hectáreas de malbec espaldero de primera calidad y que prefirió no brindar su nombre en este momento tenso de negociaciones- remarcó: “me siento estafado, cada año sucede lo mismo”.
En su caso contó que antes de la entrega de la uva con la bodega -una de las más grandes del mercado- acordaron un precio base de 24 pesos el kilo y de ahí para arriba.
"Cuando nos reunimos con la persona que había asumido el compromiso, me dijeron que me iban a pagar 22 pesos, 2 pesos menos por kilo de uva, lo que resulta en la cantidad de hectáreas dejar de percibir más de 300 mil pesos. Es inadmisible, porque de hecho, la idea nuestra era apostar a subir el piso a $ 25 teniendo en cuenta la inflación y devaluación, ya que cuando recibimos los últimos pagos, el dinero prácticamente está diluido".
Coincidió con esto otro productor de primera zona, quien además señaló que las bodegas hoy no pueden financiarse con los bancos porque las tasas son muy altas y no "dejan rentabilidad al productor". Recordemos que ascienden al 40% para las operaciones de descubierto o descuento de cheques.
Es por esto, “que justamente en esta situación lo más peligroso no es precio sino los plazos de pagos, que en algunos casos llega a los 10 o 12 meses”.
