El 7 de diciembre pasado, la Fiscalía de Estado emitió la resolución N° 215, en la cual se detallan los argumentos por los cuales ahora los colegios privados de la provincia que reciben aporte del Estado están bajo la lupa del organismo de contralor.
Entre los considerandos, el documento firmado por el fiscal subrogante Javier Fernández detalla la presentación que la Dirección General de Escuelas (DGE) realizó y aclara que en el segundo semestre de este año esta área ha llevado adelante un proceso de auditorías a fin de cumplir con lo ordenado en el mencionado decreto.
Luego, se mencionan los establecimientos que se encuentran en proceso de auditoría, como por el colegio Corazón de María, y los que están en proceso de dictamen legal, como el ICEI, el Norbridge, Nuestra Señora de la Merced y el Santa Clara. Entre los ya auditados, por su parte, aparecen en el texto de la Fiscalía de Estado las instituciones San Francisco Javier y La Merced, junto a los ya citados Norbridge e ICEI.
“Salimos sorteados y tuvimos una auditoría, pero la devolución que tuvimos de la DGE fue que estaba todo bien, salvo que nos pidieron una mayor discriminación en la cuota a los padres, lo cual hicimos, lo presentamos y dejamos saldado el problema”, contó Lisandro Thomas, gerente del ICEI.
En el mismo documento también están mencionados los colegios San Pablo y Leonardo Murialdo, cuyo resultado de la auditoría aún debe ser presentado a la Fiscalía con su correspondiente dictamen legal.
