El secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, fue procesado por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por la falta de control sobre la concesión del yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio cuando él integraba una comisión fiscalizadora de esa concesión.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Sergio Torres. En esta misma causa ya se encuentra procesado el empresario al que se le concesionó el yacimiento, Sergio Taselli, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Cameron, quien también fue investigado por presunto delito en las obras de la empresa Skanska y finalmente sobreseído, integró la Comisión Fiscalizadora Río Turbio (CFRT) desde su creación hasta su finalización. Originalmente, Torres había sobreseído a Cameron, pero esta medida fue apelada por el fiscal Federico Delgado y la Cámara Federal le encomendó al magistrado orientar la pesquisa hacia el secretario de Energía y los otros miembros de la comisión.
De acuerdo con el juez, "la caótica situación de desmantelamiento documentada en (en la causa) fue posible, entre otras cuestiones, como consecuencia de la falta de controles estatales adecuados". Torres ya había estimado el perjuicio para las arcas del Estado en 37,2 millones de pesos. Las principales maniobras que se le achacaron a Taselli y que el Estado no evitó ni corrigió en el período 1995-2000, son cinco, según el juez.
Ellas están "vinculadas con la máquina Turbo Gas, la transferencia del buque Corrientes II, la transferencia de bienes en contravención a lo establecido en el contrato, el aumento fraudulento del patrimonio de YCRT S.A. por un valor de 10 millones de pesos con una cuenta anual Reserva Aval Res. Carbón, y la modificación de la actividad de la empresa adjudicataria en dirección a inversiones de mediano y largo plazo para lo cual se desviaron al menos parte de los subsidios".
Yacimientos Río Turbio fue concesionada a Taselli en 1994, durante la presidencia del ex presidente Carlos Menem, y recibía por parte del Estado, en concepto de subsidios, 22,5 millones de pesos/dólares por año.
La concesión fue revocada en 2002, ante las graves denuncias formuladas por los trabajadores de ATE, y pasó a la provincia de Santa Cruz. Dos años después, 14 mineros murieron por un incendio dentro del yacimiento. Desde entonces, la firma está intervenida por la Nación.
