Julio De Vido, el detenido ex ministro de Planificación kirchnerista, fue procesado hoy con prisión preventiva en la causa que motorizó su desafuero como diputado y arresto, a raíz de malversación de fondos en la reactivación de la mina de Río Turbio.
El juez federal Luis Rodríguez lo encontró prima facie responsable de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y embargo de sus bienes por 250 millones de pesos.
Ese monto, dijo el juez en la resolución a la que accedió DyN, "se justifica en el acaudalado e injustificado beneficio económico que se obtuvo ilegítimamente y que tiene como contracara el perjuicio económico ocasionado a las arcas públicas, teniendo en cuenta a su vez las diversas causas acumuladas respecto de los múltiples hechos pesquisados".
"Las sumas como se viene viendo son millonarias y se busca con esta medida cautelar asegurar en la etapa oportuna el debido resarcimiento y reparación del daño", escribió el magistrado en una de las 209 fojas de la resolución.
Además, Rodríguez libró oficio a la Auditoría General de la Nación a efectos de que en el término de tres días hábiles se remitan todos los informes y papeles de trabajo que se hubieran producido con relación a Yacimientos Carboníferos Río Turbio desde julio de 2014 hasta la fecha.
Se trata de la primera definición procesal en esta causa en donde hay una treintena de imputados que estaban siendo indagados en esta causa.
Es que De Vido había sido detenido a instancias de la Cámara Federal que dictó un fallo en donde pidió valorar los riesgos de encubrimiento que tienen imputados por corrupción vinculados a áreas de poder.
Sin embargo, De Vido fue arrestado el 25 de octubre cuando todavía no había sido indagado.
Si bien estaba preso por esta causa, el juez Bonadio también había dictado el procesamiento con prisión preventiva de De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, en la causa por la compra de gas licuado.
El juez federal Rodríguez investiga el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio: acusa a De Vido de ser responsables de un fraude contra el Estado de al menos 264 millones de pesos.
Sin embargo, el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón), pero el tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo solo 48.000 toneladas anuales.
En su resolución, el juez advirtió que "se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos, lo que satisface el requisito típico del delito en cuestión" y se concluyó que "la maniobra investigada reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado, que tal como se detalló al imponer el hecho al imputado, se compone de las comisiones efectivamente abonadas con fondos del Estado Nacional a la FRSC (Facultad Regional Santa Cruz) y a la Fundación (de esa facultad)".
Según el fallo de la Cámara Federal que ordenó su arresto, la maniobra defraudatoria se perpetró entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 y consistió en la "ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional -concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (YCRT)-,y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz".
La UTN tuvo un rol clave: Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la fundación de la universidad firmaron 453 convenios y 90 adendas y la sospecha es que se trianguló con ese andamiaje legal para no hacer licitaciones públicas y posibilitar un desvío.
El pedido de desafuero, detención e indagatoria había sido motorizado por el fiscal Carlos Stornelli a principios de julio y el juez Rodríguez lo rechazó, pero la Cámara Federal apuró el llamado a indagatorias y ordenó, en un segundo fallo, la detención del ex ministro de Planificación por entender que había peligro de destrucción de pruebas, a raíz del testimonio acercado por el senador electo Eduardo Costa y el interventor de YCRT Omar Zeidan que aludían a un intento de destrucción de expedientes.
