La jueza federal María Servini de Cubría procesó a funcionarios de la ANSES y a los supuestos responsables de una cooperativa acusada de estafar a más de 77 mil beneficiarios del sistema previsional con descuentos por recibos de haberes por servicios que nunca habían pedido.
Según determinó la jueza, tras una investigación que lleva más de seis años, una cooperativa conseguía descontar entre 1,70 y 2,10 pesos por cada uno de los jubilados, pensionados y ex combatientes de Malvinas, por un rubro que sólo aparecía identificado con un código en los recibos.
La causa fue impulsada por una pensionada, Martha De la Fuente, quien batalló en todas las instancias judiciales a partir de haber detectado en su propio recibo ese descuento, que luego fue constatado en otros 77.478 hechos, según documentación.
Servini procesó a Julio Alberto Garialde; su hija, María Verónica Garialde; su pareja, Epifania Luisa López, y su ex yerno, Luis Martín Cariati, todos ellos presuntamente vinculados con la cooperativa Ferromar Ltda.
A todos les imputó los delitos de "estafas reiteradas en 77.478 hechos, los que concurren en forma real entre sí e idealmente con 29 hechos de adulteración de documento privado", figuras que contemplan hasta seis años de cárcel como pena.
Los procesamientos fueron dictados "sin prisión preventiva", pero con embargos en cada uno de los casos por 4.478.572,63 pesos.
También fueron procesados, pero por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", los funcionarios de ANSES María Ester Rodríguez, Isabel María Lovrincevich y Mariano Martín Casabella, cuyos bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.
En la misma resolución, la jueza sobreseyó a otras cinco personas, y declaró "extinguida por muerte" la acción penal contra otro imputado".
La causa se inició hace casi siete años, el 22 de febrero de 2006, cuando De la Fuente denunció a la ANSES y a la cooperativa por la quita de un pequeño monto de dinero en sus haberes mensuales y advirtió que "miles" de personas "pueden estar siendo víctimas" de una maniobra similar.
Desde enero de 2005, De la Fuente soportaba en su recibo de haberes un descuento de entre 1,70 y 2,10 pesos que iban a parar a una cooperativa de vivienda, crédito y consumo, y estaba disimulado mediante un código identificado como "325-011".
Una semana más tarde, ex combatientes de Malvinas denunciaron que también ellos venían sufriendo descuentos similares.
En diciembre de ese año, Servini de Cubría benefició con "falta de mérito" al supuesto titular de la cooperativa, y allí se inició el largo derrotero judicial que culminó en las últimas horas con los procesamientos y los embargos millonarios.