Vuelos a su Córdoba natal en jets privados; pasajes a Estados Unidos para ella, su esposo, sus hijas y hasta su niñera extranjera; regalos para las amigas de “las nenas”; almuerzos en restós de moda o estimulantes tragos como gin tonics o bellinis: son apenas algunos de los gastos que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2006 y 2008, Romina Picolotti, pagó con fondos públicos y que justificaron su procesamiento por administración fraudulenta.
Siete años después de que el diario Clarín publicara una investigación sobre los manejos financieros de Picolotti y se iniciara la causa judicial que reposa en su escritorio, la jueza federal María Servini de Cubría procesó a la ex funcionaria K el 18 de julio, aunque se conoció ayer.
La jueza había allanado las oficinas de la Secretaría unos días después de la publicación que destapó uno de los primeros escándalos de corrupción en el gobierno de Néstor Kirchner, en julio de 2007. En aquel operativo, secuestró veintidós cajas con los papeles que explicaron su decisión. Piccolotti, que en aquel momento había sido defendida por su padrino, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, y terminó siendo echada bajo la presidencia de Cristina, recién fue citada a declarar en marzo de 2011, pese a que el fiscal Guillermo Marijuán lo había pedido mucho antes.
“Si bien la defensa de Romina Picolotti esgrimió que todos los gastos efectuados obedecían a estrictos motivos funcionales, invocando la normativa bajo la cual estaba amparada a realizarlos sin siquiera dar una mínima relación de esos gastos con la gestión llevaba adelante por esa Secretaría de Estado. El detalle permite descartar tales motivos funcionales y, al contrario de lo sostenido por la defensa, acreditan el uso de dinero público para fines estrictamente personales”, consideró Servini en su resolución.
Picolotti, una abogada cordobesa que presidía la ONG Centro de Derechos Humanos y Ambiente -aún dirige su consejo consultivo-, fue reclutada por Fernández cuando apoyaba el reclamo de los ambientalistas de Gualeguaychú contra la pastera Botnia, con el fin de que su ingreso al Gobierno aflojara la intransigencia de los manifestantes. Pero eso no ocurrió, y la funcionaria le trajo más problemas que satisfacciones al Gobierno.
Se comprobó que había contratado con sueldos muy altos a una docena de parientes y amigos, -como su hermano y la novia-; que alquilaba aviones privados para volar a Córdoba y compraba pasajes aéreos hacia el interior y el extranjero para ella, sus parientes y sus amistades. Con un presupuesto que se había triplicado, Picolotti alquiló dos edificios, contrató a 350 empleados y multiplicó sus gastos personales. Todo se pagaba con facturas a nombre de la Fundación semipública ArgenINTA, a la que previamente la secretaria había desviado 20 millones de pesos y que nadie controlaba.
