El juez federal Luis Rodríguez procesó ayer a la directora de "Jurídicas" del ministerio de Desarrollo Social, Guadalupe Niño, y la abogada de la comisión nacional de pensiones asistenciales de la misma cartera, María Cecilia Insaurralde Amaya, por haber autorizado una doble pensión presidencial a Cristina Fernández, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
La entonces ministra de Desarrollo Social y actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, negó haber intervenido en la decisión y por eso quedó, por ahora, afuera de esta causa.
La denuncia la había hecho el fiscal Carlos Stornelli en base a la resolución 3193 de noviembre del 2015 que otorgó una pensión presidencial de más de 130 mil pesos por mes, pese a que ya recibía otra del mismo monto desde octubre de 2010 como viuda de Néstor Kirchner.
Para el juez, “existía una incompatibilidad de cobrar dos pensiones por el artículo 5 de la ley 24.018”, según el procesamiento en la causa abierto por una denuncia de Orlando Gauna en base a un artículo de Clarín.
Según el magistrado “las imputadas, de esta manera, violaron los deberes de su cargo excediéndose en forma arbitraria y abusiva de sus facultades, debido a que se extralimitaron en el ejercicio de las funciones a su cargo, comprometiendo los intereses confiados más allá de lo tolerable”. Además, hicieron “uso indebido del patrimonio estatal” permitiendo que ganara “un lucro indebido”.
Todo empezó cuando el 13 de abril de 2015 Cristina Fernández se sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados en la causa dólar futuro y dijo que sus ingresos "son los normales. Vivo de mi pensión de ex presidenta y la de mi ex marido". Contestó al juez Claudio Bonadío, que esos ingresos le permitían cubrir sus "necesidades básicas". Se estima que la pensión de un ex presidente rondaría "los 130 mil pesos mensuales".
En febrero de 2015 empezó a cobrar la pensión no contributiva que cobran todos los ex presidentes. Sus dichos ante Bonadío sobre el cobro de la pensión como viuda de Néstor Kirchner están confirmados en el expediente número 041-27-10433615-4-026-1 que se puede ver en la página web de la Anses. El ex presidente falleció el 27 de octubre de 2010.
El trámite por el cobro de la pensión se inició en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que dirigía Carlos Zannini. El 29 de octubre de ese año, el trámite pasó a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (no contributivas) y el 21 de diciembre de 2010 ya estaba aprobado en tiempo récord.
La pensión de Cristina se resolvió así en menos de dos meses, mientras que una pensión para cualquier ciudadano común “demanda por lo menos 6 meses”, contó el abogado experto en temas previsionales, Julián Despoulis Netri. En Argentina existen alrededor de 1,2 millón de pensionados cuyos trámites tardaron en promedio ese tiempo.
La ley 24.018 creó la pensión no contributiva para los ex presidentes, vicepresidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En febrero de este año, Cristina empezó a cobrar esa pensión no contributiva cuando ya hacía cinco años que venía cobrando la pensión de Néstor.
Ante esta situación, Cristina tiene que “optar” por la pensión no contributiva o por la pensión, para no incurrir en un delito, explicó Despoulis Netri. Además, según el letrado, “debería devolver la plata que cobró de la Anses por la pensión de Néstor desde febrero hasta ahora”.
De todos modos, la ex presidenta no “vive” de sus jubilaciones, como le dijo a Bonadío. En su última declaración jurada afirmó que su fortuna alcanzaba unos 77 millones de pesos.
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