El titular del principal organismo recaudador del Estado nacional durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner sufrió ayer el segundo revés en la justicia federal en las últimas dos semanas: Ricardo Echegaray fue procesado por el presunto delito de contrabando agravado a raíz del otorgamiento de una franquicia diplomática de manera irregular para la importación de un automóvil cuando estaba al frente de la Dirección General de Aduanas, en 2006.
Además de procesarlo, aunque sin disponer su prisión preventiva, el juez en lo penal económico Diego Amarante decidió también que Echegaray tendrá que depositar una caución real de un millón de pesos en los próximos días bajo advertencia de "disponerse la prisión preventiva y disponerse la inmediata captura.
Otra de las medidas que decidió el magistrado fue que Echegaray tendrá prohibido la salida del país, estará obligado a presentarse al juzgado dos veces por mes y deberá sufrir un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.
Su procesamiento fue dispuesto porque como titular de Aduanas intervino en el trámite de importación sin el pado de impuestos de un automóvil Mercedes Benz sedán para el también procesado Chun Teh Hsienhk, miembro de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, Taiwán, hace doce años.
“(Su conducta) habría sido dolosa e indispensable para concretar la burla al control aduanero habida cuenta de que con su intervención posibilitó que aquella mercadería importada recibiera un tratamiento fiscal o aduanero distinto al que el correspondía”, sostuvo el juez.
Es que según la reglamentación sobre el otorgamiento de "franquicias diplomáticas", Echegaray debió haber pedido autorización previa a la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en cambio lo autorizó de manera directa, después de que esa cartera lo había rechazado porque Taiwán "no es un Estado oficialmente reconocido" por Argentina, dijo el juez, por lo que en consecuencia Hsiehk no tenía rango diplomático en el país.
“Echegaray, en función del cargo desempeñado a la época de este suceso, aunado al vasto conocimiento que se avizora en el encartado en materia aduanera y tributaria, no podía desconocer la normativa aplicable en este suceso ni las cuestiones de política internacional mencionadas”, agregó el magistrado.
Para determinar la caución, el juez Amarante tuvo en cuenta la gravedad del presunto delito (contrabando agravado) sino también que Echegaray ocultó parte de la prueba: el expediente administrativo era reclamado desde hacía años a la Aduana y la Afip por el juzgado, pero finalmente copias del mismo fueron localizadas en una computadora hallada en la vivienda de Echegaray en el Tigre cuando fue allanada en diciembre pasado.
En su defensa, Echegaray justificó la autorización en que fue el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien en 1995 otorgó un permiso similar a esa oficina diplomática taiwanesa para importar un vehículo.
También para disponer esa caución el juez tuvo en cuenta que Echegaray afronta otras causas en la justicia federal. La última de ellas tuvo un avance el último miércoles de marzo pasado.
Ese día el fiscal federal Germán Moldes le pidió a la Sala 1 de la Cámara Federal porteña la detención del ex titular de la Afip en la causa por la falta de pago a ese organismo de 8.000 millones de pesos por impuestos a los combustibles de la empresa Oil propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, liberados el 16 de marzo pasado en un polémico fallo de esa misma cámara.
"El personal principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray, el ante todopoderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez tenido custodio de secretos comprometedores. Echegaray debe seguir la suerte de López y De Sousa en lo que a cautelares personales se refiere (me refiero concretamente a la prisión preventiva que limite su libertad con el único fin de evitar la frustración del proceso)", sostuvo Moldes.
