Los informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o de la Unicef, tienden a no ser discutidos por la demostradísima solvencia de sus programas que proveen ayuda humanitaria y ofrecen mejoras a niños, adolescentes y madres que habitan los países en desarrollo.
La situación de menores que pertenecen a hogares con bajas expectativas económicas y donde el empleo fijo, estable, de uno de los padres o de los dos es incierto o no existe, se traduce en situaciones de privaciones para esos infantes, casi siempre moradores de villas de emergencia o de los asentamientos que subsisten en la provincia. Especialmente en el Gran Mendoza.
En la región de Cuyo, a la que pertenecemos, 33,6% de los niños son pobres desde una perspectiva no sólo monetaria, es decir, la que tiene en cuenta además del dinero que perciben sus progenitores, la carencia de derechos enunciados en la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989. Aquí, se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos.
Esa ausencia de derechos está referida a la falta de una adecuada educación, protección social, vivienda con condiciones elementales, saneamiento básico a agua potable segura y un hábitat fiable.
Estos datos y consideraciones están incluidos en un informe de fines del año pasado de la Unicef, denominado "Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina".
El trabajo presenta estimaciones sobre la pobreza monetaria y privaciones no monetarias para niñas, niños y adolescentes y para la población general, usando la última información oficial disponible correspondiente al primer semestre del año 2018, de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Fue una contribución de Unicef, junto a investigadores del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (de Salta), la Universidad Nacional de General Sarmiento y Equidad para la Infancia.
Según la mirada de esta organización, las peores privaciones en nuestra provincia y que más afectan a los menores, tienen que ver con el saneamiento, ya que los hogares relevados tienen un baño inadecuado, con letrina, por un caso, o es compartido, o se encuentra fuera del techo principal.
En segundo lugar, aparecen las privaciones a nivel de vivienda, donde se aprecia el hacinamiento. En tal sentido hay muchos chicos que residen con familias de más de cuatro personas en un cuarto, o que tienen pisos y techos en pésimas condiciones.
Otra deficiencia relevada es la relativa a la protección social, que consiste en que muchos hogares deberían recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no la reciben.
Como vemos muchos de los problemas descriptos son afines a la realidad que se vive en la Provincia y se pueden verificar en decenas de sitios donde hay familias que viven en humillantes condiciones.
Por eso es importante la rápida implementación de la ley (de tierras) N° 27.453, que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares con el objeto de proceder a su integración urbana.
Esto sería muy importante para Mendoza, porque la norma nacional referida, alcanzaría a unas 217 villas y asentamientos precarios, y podría poner en mejores condiciones a los habitantes infantiles de esos lugares, pasibles ahora de muchas privaciones.
