El Gobierno nacional se comprometió, ante la gran mayoría de los gobernadores peronistas, a retroceder en parte con la casi duplicación de recursos por coparticipación que decretó hace una semana a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a pagarles a más tardar la primera semana de marzo los fondos atrasados que esas jurisdicciones reclaman por obras públicas y planes sociales adeudados incluso desde antes de la asunción presidencial de Mauricio Macri.
Además les dio la palabra de que a comienzos de marzo comenzará, con las 24 provincias del país, reuniones técnicas con el propósito de alcanzar una agenda para intentar revertir las distorsiones en la distribución fiscal que se acumularon con legislaciones parciales desde la reforma constitucional de 1994, antes de avanzar hacia la eventual discusión de una nueva ley de coparticipación federal, como lo ordenó aquella reforma.
Las definiciones fueron anunciadas ayer en conferencia de prensa en la Casa Rosada por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y los gobernadores sanjuanino, Sergio Uñac, y salteño, Juan Manuel Urtubey, al término de dos horas de reunión en el Salón de los Escudos de ese ministerio.
Participaron, además de Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y, en algún momento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con once gobernadores y dos vicegobernadores peronistas.
La reunión había sido solicitada el sábado pasado por las autoridades de 13 de las 17 provincias justicialistas reunidas en San Juan, quienes se consideraron “discriminadas fiscalmente” por la Nación ante recientes decisiones de Macri.
Hace dos semanas, el decreto anuló el que había firmado su antecesora, Cristina Fernández, con el que hizo extensivo a todas las provincias el restablecimiento del pago de 15% de coparticipación con el que a fines de noviembre habían sido favorecidas por fallo de la Corte Suprema de Justicia las de Córdoba, Santa Fe y San Luis.
El segundo, que colmó el vaso de los justicialistas, fue el que el miércoles de la semana pasada aumentó 168% (de 1,4 a 3,75%) el índice de coparticipación para la CABA gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
A corregir beneficio porteño
Ayer, no obstante, comenzó a encaminarse un principio de acuerdo, que en todo momento los mandatarios justicialistas presentaron orientado a “la gobernabilidad, no a la obstrucción ni a la interferencia”, como aclaró Urtubey. Así, el ministro del Interior tomó la propuesta que le acercaron los gobernadores para achicar distancias y anunció lo que de hecho es una marcha atrás.
Dijo Frigerio que en los próximos días habrá un “decreto corrector” de Macri del 194 del miércoles anterior para que el aumento del índice de la coparticipación a la CABA corresponda estricta y explícitamente (no había especificación alguna en el anterior) a los gastos del traspaso de la Policía Federal al gobierno porteño.
El “corrector” fue justificado por el ministro en que de no especificarse ese destino, el aumento de 168% también aumentaría los recursos por los fondos Nacional de la Vivienda (Fonavi) y “Sojero”, que están atados a cualquier tipo de cambio del índice de coparticipación.
“En cinco semanas nos pondremos al día”. Ésa fue la expresión de Frigerio para referirse a la segunda conclusión de la reunión: el pago a esas trece provincias de una deuda que estimó en 10 mil millones de pesos (7 mil de ellos por obras públicas y los restantes 3 mil millones por planes sociales); retrasos que, en parte, se remontan a noviembre pasado, gobierno de Cristina Fernández.
El tercer acuerdo de la reunión fue el compromiso acordado con Frigerio de iniciar, a mediados de febrero próximo, reuniones a nivel de ministros de Economía de las 24 provincias con el objetivo de elaborar una agenda que permita cambiar legislaciones que en los últimos 22 años, “pero sobre todo en los últimos doce -dijo el ministro-, hicieron del nuestro un país unitario como nunca”.
El sanjuanino Uñac, no obstante, se ocupó de subrayar que el reclamo con el que llegaron al encuentro (la extensión del 15% para todos) sería la “solución intermedia” entre la situación actual (cuatro provincias favorecidas en la coparticipación contra 20 que quedaron igual) y la remotísima nueva ley de coparticipación. Tampoco descartó, como ninguno de los trece, recurrir a la Corte si el acuerdo político no prospera.
