Durante la primera semana en su vuelta a la Rosada, el Presidente dibujó los trazos gruesos y definió algunos de los protagonistas en los que sustentará su estrategia política hacia las elecciones legislativas de octubre próximo. De sus iniciativas de estos días puede concluirse que: una fuerte inversión en la obra pública, en medio de un panorama de retracción de la economía; junto con medidas de endurecimiento contra la inseguridad, entendida ésta en su sentido más amplio, serán las líneas maestras en los próximos nueve meses.
El contexto económico, sin embargo, no parece ser el más propicio para que la economía, el factor determinante que está por sobre todos los demás, logre salir de la situación de 2016. El martes, apenas asumido, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó la meta inflacionaria de 17% prevista en el Presupuesto, pero eludió en todo momento responder a la pregunta del millón que se hace la mayoría de argentinos: cuándo empieza el crecimiento de la economía.
Nada indica que la economía saldrá de la estanflación en la que terminó en 2016: decrecimiento de alrededor de 2% e inflación en torno a 40%. Sobre todo porque la inflación, aun cuando bajará de ese nivel, estará bajo tensión por las subas de precios determinadas por el incremento de las tarifas públicas y algunos insumos clave; por caso, en estas horas, los combustibles. Y tensionada, también, por las próximas paritarias en las que el Gobierno tiene puesto un doble propósito, en pro de buscar menores costos por el lado laboral: no convalidará aumentos superiores a 20% y tratará de que las mejoras por productividad tengan un peso mayor en la negociación.
Será el acuerdo Vaca Muerta, cerrado esta semana con el sindicato de petroleros de la región, el modelo a seguir. De ese modo se intentará que las cláusulas por productividad, incorporadas ya en una treintena de paritarias de 2016, estén más presentes aún en los acuerdos de 2017.
Para más, la posibilidad de financiamiento del Estado a partir de la toma de deuda externa, pilar de la política económica del gobierno Macri, encontrará dificultades, tanto en términos de monto como de condiciones. Ésa es al menos la conclusión que surge de la apurada toma de 6 mil millones de dólares a un año y medio de plazo con una tasa de 9%, y el anuncio de otros 7 mil millones para el jueves próximo, que hizo el ascendido a ministro de Finanzas, Luis Caputo. Apenas 48 horas antes, ni bien juró, había dicho que la necesidad de tomar deuda sería en 2017 de 20 mil millones de dólares y no dio señal alguna de premura. La razón del apuro tiene que ver con las restricciones que a nivel global habrá para acceder al financiamiento una vez que Donald Trump asuma el viernes próximo.
De allí que la mayor ficha económico-electoral del Gobierno es la reactivación de la obra pública. A financiar con esa deuda, pero también con los recursos que devengan de un fuerte ajuste del gasto en todos los ámbitos del Estado, que es la voz de mando del Presidente post relevo de Prat Gay. Todo, por supuesto, hasta donde las condiciones se lo permitan: la resistencia de casi un mes de los sindicatos de estatales, por ejemplo, terminó por revertir buena parte de los despidos decididos en el Ministerio de Educación.
Con eje en la obra pública, también quedaron confirmados los escenarios prioritarios del Presidente en función electoral. Puesta en marcha de obras junto al porteño Horacio Rodríguez Larreta y a la bonaerense María Eugenia Vidal, los propios; y al no tan propio, pero casi, el cordobés Juan Schiaretti.
El primero de ellos, además, avanzó con resultado incierto después de una semana de haberlo iniciado, en una cuestión que gran parte de la sociedad relaciona con la seguridad: el desalojo de los manteros de Once. ¿Por qué ahora se toma esa decisión siendo que el Pro gobierna la Capital desde hace casi una década?
La seguridad es la prioridad que marcan las encuestas entre los porteños, pero también entre los bonaerenses. Sobre ello giró gran parte de la reunión a solas que Macri tuvo el martes con Vidal.
Por lo demás, la coalición gubernamental se vio sacudida internamente por socios principales del Pro, como la diputada Elisa Carrió y la UCR, a través del jefe del interbloque de Diputados, Mario Negri. Sus reclamos de investigación y hasta de suspensión en sus funciones del jefe de la AFI, la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas, contrastaron con la cerrada defensa que se hizo desde la Casa Rosada del funcionario que habría recibido una millonaria coima de la megaconstructora brasileña Odebrecht.
Será la Justicia la que determinará si hubo delito o no en los casi 600 mil dólares que supuestamente recibió Arribas, por cierto, hace más de tres años, cuando aún no era funcionario, pero sí amigo y socio del entonces jefe de Gobierno porteño.
El dato llamativo resulta, sin embargo, la reacción de la UIF, el principal organismo encargado de investigar sobre lavado de dinero, ante la denuncia del diario La Nación de que no comunicó a la Justicia la denuncia sobre Arribas que recibió a mediados de 2016. Sostuvo la AFI que no difunde las denuncias que recibe “hasta no agotar su análisis”.
Una vara distinta a la aplicada por el organismo cuando el año pasado trasladó al fiscal Guillermo Marijuán y al juez Sebastián Casanello, que la hicieron pública a la prensa, una denuncia de la Justicia de Suiza referida a cuentas presuntas del empresario kirchnerista Lázaro Báez ni bien la UIF la recibió.
