El Gobierno provincial ha logrado generar un interesante marco de tolerancia entre sectores empresarios y de la producción, que diferencian las iniciativas políticas locales de las que derivan de medidas nacionales y sus consecuencias. Éste no es un detalle menor si se tiene en cuenta el casi absoluto encolumnamiento de Pérez y su equipo con la Nación.
Pérez ha lanzado a rodar iniciativas que, en caso de cumplirse en los próximos años, deberían dejar beneficios claros para los sectores que movilizan con su esfuerzo la economía mendocina. El desarrollo agrícola, el seguro para esa parte de la producción, iniciativas en materia ganadera y gestiones a nivel nacional para evitar trabas a la vitivinicultura en el mercado exterior, son sólo algunos ejemplos al respecto.
En ese contexto se debe incluir la casi segura caída de la promoción industrial a provincias vecinas, un desafío grande porque ya no tendrán cabida las excusas continuas por los supuestos perjuicios.
Si bien ha habido un claro repunte en los mecanismos de recaudación, que posiblemente se optimizarán a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva agencia tributaria recientemente aprobada por la Legislatura, se debe destacar que esa mejora en los ingresos todavía no ha servido para equilibrar las cuentas públicas y derivar recursos para obras.
En otro aspecto, significó un desgaste estéril para el gobierno provincial promover la reforma de la Constitución provincial, por tratarse de un asunto no prioritario: en primer lugar, porque Mendoza no parece necesitar en estos momentos la enmienda que se impulsa y, además, porque el grueso de los mendocinos estima que antes debe darse solución a problemas cotidianos que los afectan.
Además, el empecinamiento del oficialismo con la reforma constitucional dio pie a la oposición para tender un cerco de notable resistencia que terminó desgastando la convivencia política sin sentido para un gobierno nuevo y sin que estuviera en juego ninguna instancia electoral inmediata.
Fue desafortunado por parte del Ejecutivo condicionar el apoyo a la reforma política y electoral que propiciaban radicales y demócratas al apoyo opositor a la movida por la Constitución. El resultado: ni una ni otra reforma en marcha.
Por otra parte, el propio Gobernador admitió recientemente que su gran deuda con los mendocinos por ahora es la inseguridad. Un aspecto no menor. Debe tener presente que la gestión que lo antecedió quedó sumida en un fracaso prematuro por incumplimiento de una desmedida promesa electoral en tal sentido.
En su segundo año al frente de la provincia, Pérez deberá dar continuidad a sus logros y corregir el rumbo en aquellos aspectos en los que advierta que su pertenencia irrestricta al proyecto económico y político nacional del kirchnerismo pueda repercutir negativamente entre los mendocinos.
La Provincia requiere de un gobernante que, además de administrar correctamente, ejerza liderazgo político e institucional, en el que resulta fundamental la relación con los demás poderes del Estado y con los sectores más representativos de la comunidad.
