Previo al inicio del juicio en su contra, CFK afirmó que "es un nuevo acto de persecución"

La senadora Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy en su cuenta oficial de Twitter que el juicio oral que se iniciará esta mañana en su contra es "un nuevo acto de persecución"  con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial.

Además agregó que pese a todo, se presentará a la citación y se defendió comentando "Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial".

El juicio llega en un momento clave: la acusada es desde el sábado candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabeza uno de sus cinco ex jefes de Gabinete, Alberto Fernández.

Cristina tiene una docena de causas en su contra, con doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva. Hasta el momento no fue detenida porque cuenta con fueros desde 2017, por su condición de senadora nacional por Unidad Ciudadana.

Otras cuatro causas ya están camino al juicio oral y público. La próxima en comenzar será la unificada Los Sauces/Hotesur en septiembre. En ella se investiga el lavado de dinero a través de hoteles de la familia Kirchner.

Desde hoy

En este expediente llamado “Vialidad” será juzgada -junto a otros doce imputados- por el Tribunal Oral Federal 2 por haber presuntamente favorecido a las empresas de Lázaro Báez, allegado a ella y a su esposo ya fallecido Néstor Kirchner.

Báez ganó 51 de las 80 obras viales que se hicieron con fondo del Estado Nacional en la provincia de Santa Cruz entre 2004 y 2015, período en el que gobernador la actual senadora y su esposo.

De acuerdo con el expediente elevado a instancia oral por el juez federal Julián Ercolini, señala que -según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita- que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública.

Según la acusación, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Báez” por más de 46.000 millones de pesos.