El año pasado, la vitivinicultura fue exceptuada de tributar $ 103,4 millones en concepto de exención a la tasa del 12% que en algún momento se aplicó a la comercialización de espumantes. A cambio del beneficio otorgado por el Gobierno nacional, la industria volcó algo más de $ 132 millones en inversiones, según el compromiso asumido cada año desde la firma del acuerdo marco en 2004, cifra que para este año proyecta superar en un 20%, además de aspirar a extender la quita hasta 2014.
En base a una auditoría del INV, reflejada en la Resolución Nº 1.204/2012 del Ministerio de Agricultura, durante 2011 se vendieron vinos espumantes por más de $ 811,5 millones, de donde surge el monto que tendría que haber cancelado por el impuesto interno. Durante ese período, el sector realizó inversiones reales por más de $ 132 millones, con lo cual sobrecumplió el compromiso asumido en el acuerdo: $ 129 millones es el equivalente al gravamen eximido más el 25% asumido por las empresas, con lo que registra $ 3,2 millones como saldo a favor cuya cuenta ya acumula $ 215,2 millones en los últimos 7 años.
Datos provisorios de 2012 indican que hasta setiembre ya son unos $ 70 millones los que la industria dejaría de tributar, cifra que se incrementará aún más hasta el 28 de febrero de 2013, término hasta el cual las bodegas podrán presentar sus Declaraciones Juradas de ventas totales. Según el presidente de Bodegas de Argentina, Juan José Canay “todo depende del ritmo de ventas, pero las primeras estimaciones indican que será un 20% más”.
No obstante, por ahora la industria tiene otro objetivo: lograr, de acuerdo al directivo, que el próximo decreto presidencial renueve el beneficio sin interrupciones hasta 2014, año en el que vence el acta acuerdo por diez años suscripto en su momento por el ex presidente Néstor Kirchner. Luego de expresar su satisfacción por el alcance del acuerdo y agradecer a las bodegas y el apoyo oficial, Canay se pronunció sobre su importancia en tiempos de pérdida de competitividad para la vitivinicultura. “Toda medida como ésta, ayuda. Todo peso que deja de pagarse en esta coyuntura sirve para mantener la rentabilidad”, consideró.
Cabe recordar que el decreto nacional primero tuvo una vigencia trienal, luego de dos años y por último de uno. Surgió de un acuerdo por el que el sector vitivinícola se comprometió a invertir el 100% del monto equivalente de la tasa más un 25%. La pauta indica que deben priorizarse las mejoras productivas.
A su turno el ministro de Agroindustria de la provincia, Marcelo Barg, señaló que “no fue la solución real sino la posible, que en definitiva se refleja en los números. Inversión supone producción, empleo y mejora en la calidad de vida”.
Controlar el destino
Por primera vez, la auditoría regular del INV sobre el cumplimiento del compromiso y el destino de las inversiones estuvo reforzada por una extra del Ministerio de Agricultura de la Nación. La más reciente indica que $ 88 de cada $ 100 fueron a bienes de capital (tanques y barricas, entre otros).
“A partir de un muestreo, se verifica in situ la inversión, con los comprobantes y la pertinencia de la misma con lo que exige el decreto: una bodega puede decir que incorpora nueva tecnología pero no necesariamente lo sea. Un plus es contar con el historial desde 2004”, explicó Esteban Sebastián, responsable de supervisar el acatamiento de la medida.
Las cifras se desprenden de las Declaraciones Juradas de despachos y facturación que trimestralmente deben presentar las bodegas, además de las anuales que corresponden a las inversiones. De acuerdo a la tendencia observada, los recursos se concentran también en viñedos y promoción.
