Presupuesto nacional 2013, desmesura y ajuste

Según datos del Ieral, cuando se toma la participación total del Estado en la economía (los tres niveles de gobierno, empresas y organismos públicos), el gasto público pasó de representar un 32% del PIB en el periodo 1995-99 a un 47% a fines de 2011. Para financiar tal expansión del sector público la presión tributaria aumentó de un 20,8% del PIB en 2002 a un 35,9% en 2011. Según la fuente, el Estado se apropió de la mitad del crecimiento del PIB en ese periodo de 10 años.

Veamos algunas cifras, tratando de hacerlas comprensibles. El Presupuesto prevé una recaudación nacional de impuestos de 822.000 millones de pesos, de los cuales una cuarta parte va como coparticipación automática a las provincias y el resto los dispone el gobierno nacional. Para tomar una idea de lo que significa esa cifra, digamos que representa un aporte del orden de $ 20.500 por habitante durante el próximo año.

Tres impuestos (IVA, Contribuciones de la Seguridad Social y Ganancias) aportarán algo más del 70% de la recaudación. A ese monto debe sumarse la recaudación de impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, Sellos) y las tasas municipales.

¿En qué gasta el gobierno nacional esa formidable cantidad de recursos? Hay varias clasificaciones del gasto. Una es la distinción entre gastos corrientes (remuneraciones, prestaciones de la seguridad social, transferencias para gastos corrientes), que representan el 90%. En tanto los gastos de capital, las inversiones productivas, sólo el 10%; con estas cifras es fácil entender el lamentable estado de la infraestructura del país.
 
También se puede analizar el gasto por finalidad y función. El 63% son servicios sociales, de los cuales la mayor parte va a seguridad social, educación y cultura; un 16% a servicios económicos, básicamente energía, combustibles y transporte. El resto es el costo de la administración gubernamental, defensa, seguridad y pago de deuda pública.

Si la asignación del gasto se hace por Ministerios se advierte el enorme poder de algunos de ellos: Trabajo y Seguridad (Anses), 250.000 millones. El ministro de Planificación Federal manejará 57.000 millones y Desarrollo Social dispondrá de 35.000 millones para la multiplicidad de "planes sociales", en un año electoral.

Veamos por qué decimos que habrá ajuste si se cumple el Presupuesto. El cierre fiscal del corriente se hará con un déficit nacional de 35.000 millones, ya que en los últimos años el gasto ha aumentado mucho más que los ingresos. Pero para 2013 el Presupuesto prevé terminar con un pequeño superávit. Para lograr este objetivo el Gobierno establece que esa relación se invertirá sustancialmente, que los ingresos crecerán muy por encima del gasto, un 24% los primeros y un 15% los segundos.

El ajuste más importante ocurrirá en las transferencias a empresas, esto es la reducción o eliminación de subsidios y algunos gastos sociales como vivienda y urbanismo. Un dato importante es que el ajuste no recaería sobre las provincias (en cuanto a las transferencias nacionales) ya que se prevé que estas aumentarán un 23% respecto a las de este año.

¿Qué grado de credibilidad tienen estas previsiones presupuestarias, a tenor de lo ocurrido en los últimos años? Muy baja ya que el Gobierno ha modificado a su antojo las partidas. El año próximo es un año electoral y como ha dicho una estudiosa del tema, la pregunta relevante es: ¿qué cuidará más el Gobierno, el resultado fiscal o el resultado electoral?