Terminaron las reuniones con ministros, terminaron las declaraciones rimbombantes de rigor, en las que oficialismo y oposición se castigan por las cuentas públicas. Ahora se ingresó a otra etapa en el debate, el de las definiciones. Ayer empezaron las charlas más finas sobre las tres leyes que conforman el paquete fiscal 2015: Avalúo, Impositiva y Presupuesto, con la esperanza oficialista de llegar con un acuerdo al 22 de diciembre, fecha en la que habría sesión especial de Diputados.
Nada ha cambiado desde que empezaron las charlas. Los focos de discordia siguen siendo la alícuota de Ingresos Brutos a la actividad petrolera (en el proyecto de Impositiva); los artículos de endeudamiento incluidos en el texto del Presupuesto y la ausencia de partida para cumplir con la ley de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para ser precisos se trata de la ausencia de partida presupuestaria para financiar las campañas de los partidos políticos.
Financiamiento clave
En realidad, la discordia podría reducirse a un tema. En el oficialismo hay voluntad de eliminar puntos conflictivos, incluso piensan en borrar algunos de los artículos que el radicalismo interpreta como autorizaciones para tomar endeudamiento. También evalúan separar en un artículo aparte la alícuota de 3% para la actividad petrolera y jugársela cara o cruz en la votación.
Pero hay un punto que resume todas las discordias: el de las PASO. Es un debate clave para las aspiraciones electorales de todos y un tema no muy popular, pero que sería la forma de blanquear el origen de los aportes financieros a los partidos. Ahí están las discordias.
Todo el debate lo llevan adelante radicales y peronistas. Es que hay un acuerdo reciente suscripto por ambas fuerzas para que saliera el demorado Presupuesto 2014, allá en julio pasado; además, el peronismo necesita del aval radical para conseguir cualquier tipo de endeudamiento, porque la Constitución mendocina prescribe que para que el Ejecutivo pueda tomar deuda pública hace falta el voto de los dos tercios de las dos Cámaras y ese número sólo se consigue con el radicalismo. Pero además, más allá de los dos tercios, en el tema PASO la posición radical es coincidente con la de las otras fuerzas, por lo que sí o sí hay que arreglar ese problema que traba todo avance.
Voluntad acuerdista
Los oficialistas Jorge Tanús, Silvia Ramos y Javier Cófano confirman que están dispuestos a bajar todo elemento de genere conflictividad. Cada uno a su turno, en sus términos, acepta que el gran tema es el financiamiento de las PASO. Lo mismo pasa del otro lado. Los radicales Sergio Moralejo y Martín Kerchner también puntean los inconvenientes en los artículos de deuda y las PASO.
En los pasillos los comentarios discretos abundan y la incertidumbre reina. De hecho ayer hasta se cayó la sesión de Diputados, puesto que un grupo de radicales y de peronistas se fueron a reunir para iniciar formalmente la discusión que importa para definir el destino de las cuentas públicas. Sin un tema urgente que tratar, con la caída de la ley de Educación del temario de ayer, la sesión terminó naufragando.
La reunión no fue muy larga, apenas fue un apronte para puntear lo que molesta en el diálogo, a la espera de verse las caras con el ministro de Hacienda, Juan Antonio Gantús. Pero alcanzó para que toda la atención se centrara en ese encuentro ocurrido en la oficina del vicegobernador, Carlos Ciurca.
Discretamente, circula la idea de otorgar un monto por partido político y que sean las propias fuerzas las que contraten con los medios de comunicación. La distribución se haría tal como se plantea en la ley de PASO: un 50% igual para todos y un 50% distribuido según la cantidad de votos.
Esta idea la baraja el PJ, pero hay un ruido allí: el oficialismo querría habilitar además la contratación de publicidad con aportes privados, algo que la Ley de PASO prohíbe. Es que con el financiamiento de las campañas por parte del Estado lo que se pretendía era blanquear los aportes, que nunca son del todo claros y hasta podrían llegar de actividades como la corrupción o el narcotráfico, por poner un ejemplo extremo.
Del lado del radicalismo ya contestaron esta idea: el monto del Estado podría analizarse cómo viabilizarlo, pero sin admitir el aporte privado: el techo de las contrataciones publicitarias debería ser el monto que otorga el Estado a cada partido.
