Desde la perspectiva política, el acuerdo con los gobernadores y parte de la oposición es lo que le da trascendencia al tema presupuestario, dado que Cambiemos no cuenta con mayoría propia para hacerlo. Si como resultado de la negociación se aprueba un Presupuesto que no implique mayores distorsiones, tanto por el lado de gastos como de los ingresos, se habrá dado un paso positivo en términos de señales de gobernabilidad, asunto al que los mercados prestan mucha atención.
Importante es también que se debe actualizar el texto del Consenso Fiscal, donde las provincias se comprometieron a un programa de reducción de impuestos locales, especialmente Ingresos Brutos, que por los cambios en el orden nacional, probablemente sufra algún retraso.
Desde el punto de vista económico hay que tener en cuenta que el Presupuesto que aprueba el Congreso es autorización de gastos y un pronóstico de ingresos, por lo tanto entre el pronóstico y la recaudación efectiva puede haber diferencias. Más se complican las cosas en un país tan volátil como el nuestro, donde este instrumento de política económica se discute en un momento político y económico muy delicado.
El proyecto presentado se encuadra en el marco del acuerdo con el FMI y el objetivo básico es alcanzar déficit primario cero el próximo año. El resultado primario es el que no incluye el pago de los intereses de la deuda, mientras que el resultado total o financiero sí la incluye y este es el que importa. De manera que resultando equilibrio primario, eliminando el actual déficit, puede ocurrir que el déficit total aumente, por el incremento de los intereses de la deuda pública.
Visto este aspecto, cabe recordar que la reducción o eliminación del déficit fiscal se puede lograr reduciendo los gastos, aumentado los ingresos o por una combinación de ambos. Esto último es lo previsto en el proyecto para el año que viene: el equilibrio se logra por mitades, mitad reduciendo gasto y mitad aumentado ingresos, por aplicación de retenciones a las exportaciones y baja de los reintegros a las mismas. En concreto, se aumenta la presión fiscal nuevamente.
En materia de reducción de gastos sobresale la baja en gastos de capital, obra pública, y las transferencias de subsidios al transporte público a las provincias.
En el primer caso, al parecer, no se recortarían proyectos importantes en ejecución, como ferrocarriles o el inicio de obras como Cuesta del Viento en nuestra provincia.
En el segundo caso se trata de una medida reclamada hace tiempo ya que la mayor parte del subsidio se destinaba a la CABA y la provincia de Buenos Aires.
Este es un acto de equidad con aquellas provincias, como Mendoza, donde la tarifas del transporte público eran, y son, mucho más altas que en aquellas jurisdicciones.
Cabe apuntar que este proyecto de Presupuesto prevé un leve incremento del núcleo del gasto social, jubilaciones y pensiones y Asignación Universal por Hijo.
Por otro lado, contiene importantes propuestas de reformas impositivas. Tal como la eliminación de exenciones en el impuesto a las Ganancias para algunos regímenes especiales como petroleros. También comenzarían a tributar las mutuales y cooperativas de préstamos y seguros. Se suspendería la rebaja de impuestos a los sellos y se mantendría la de Ingresos Brutos.
Una modificación muy importante se haría en materia de retenciones, ahora fijadas en $ 4 por dólar para productos primarios y servicios y $ 3 para el resto. El proyecto deja abierta la puerta para que el PEN aumente los derechos de exportación hasta el 33%, si fuese necesario. De aprobarse esta iniciativa se salvaría una objeción legal que se ha hecho a la aplicación de retenciones por decreto y no por ley.
