Si el Senado aprueba antes del 10 de diciembre el Presupuesto 2016 y el paquete de leyes económicas complementarias (las prórrogas de la Emergencia Económica y de los impuestos al Cheque y al Cigarrillo) que ya tienen media sanción de la Cámara Baja, el próximo presidente deberá iniciar su mandato con un programa de gobierno diseñado por la administración saliente.
El problema es que el plan de gastos para el año que viene que ideó el ministro de Economía, Axel Kicillof, deja la cancha marcada a quien gane las elecciones, sea éste el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, o a alguno de los opositores.
Pero los escollos o trabas legislativas serán mayores para Mauricio Macri, hoy el opositor mejor posicionado, que para Scioli. ¿Por qué? Porque si el resultado del próximo 25 es similar al de las PASO del 9 de agosto en el Congreso habrá primacía del kirchnerismo.
El Frente para la Victoria (FpV), que sólo renueva 9 de las 24 bancas que se ponen en juego en la Cámara Alta, podría quedarse con 13 y pasar a tener un ejército de 44 senadores si se suman también sus aliados. Es decir que tendrá amplio dominio. En cambio Macri y sus socios en Cambiemos apenas podrían llegar a los 14 legisladores.
En Diputados, el actual oficialismo perderá “soldados” ya que renueva la excelente elección que hizo Cristina Kirchner en 2011, pero todo indica que seguirá siendo la primera minoría con unos 117 legisladores entre propios y aliados.
Por su lado, Cambiemos podría tener un núcleo duro de 83 legisladores, es decir bastante menos que las tropas K. El mínimo de 129 diputados necesarios para poder votar cualquier iniciativa estaría en este caso a 46 sufragios de distancia.
Herramientas y opciones
Es por esto que no son inocuas para Macri las leyes que a las apuradas está haciendo votar Cristina Fernández a sus legisladores. Algunas de estas normas, como el Presupuesto 2016, pueden ser alteradas mientras se van ejecutando. Hay dos formas de modificar legalmente la llamada "Ley de leyes".
La primera es a través de los “súper-poderes” que el kirchnerismo consiguió para sí con la modificación de la Ley de Administración Financiera votada en 2006. Esto permite al jefe de Gabinete reasignar partidas a su arbitrio aunque con un límite: no puede sobrepasar el monto total aprobado por el Congreso.
La otra forma es a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que llevan la firma del presidente y de todos los ministros. Éste es el método utilizado por la Casa Rosada para hacer fenomenales ampliaciones presupuestarias que le han permitido tener 1,6 Presupuesto extra por encima de lo autorizado por el Parlamento.
Si Macri es electo -y no tiene el control del Congreso- no podrá usar, como lo ha hecho a su gusto Cristina Fernández, la herramienta de los DNU ya que por una ley ideada por la actual mandataria cuando era senadora (que fijó el régimen legal para los DNU) cada uno de estos instrumentos debe pasar por una comisión bicameral especial y contar con el aval de al menos una de las dos cámaras legislativas.
Como Scioli tendrá el control de ambas cámaras -siempre que se repita el escenario de las PASO- no deberá enfrentar el escollo que se le presentará a Macri para usar DNU y modificar el Presupuesto.
Pero el próximo presidente tendrá además otro “cepo” que está escondido en el plan de gastos del año que viene. El artículo 42 del mismo establece que se podrá negociar con los holdouts, los acreedores que no ingresaron a los dos canjes de la deuda soberana, pero fija un límite explícito: todo acuerdo deberá hacerse dentro de “las posibilidades (de pago) del Estado en mediano y largo plazo”. Es decir que por ley de Presupuesto 2016, el próximo gobierno no podrá arreglar pagando lo que dispuso la sentencia del juez Thomas Griesa.
La legislación argentina contiene además otras dos normas que impiden pagarles a los buitres lo que ellos pretenden. La ley 26.886 de 2013 que el Congreso sancionó para reabrir el “cerrojo” y permitirles a los holdouts sumarse a la reestructuración pero bajo la condición de que acepten las mismas condiciones que tomaron quienes se sumaron a los canjes y la ley de 2014 de “Pago Soberano” que repitió esa exigencia.
A estos “cepos” se agregará una nueva norma que ya tiene media sanción del Senado: la declaración de interés público de la resolución de la ONU que determinó los criterios para reestructurar deudas soberanas.
Tanto Macri como Scioli saben que inevitablemente deberán negociar con los holdouts para destrabar la llegada de los miles de millones de dólares en inversiones que han prometido atraer para hacer obras y reactivar la economía. Por eso necesitarán de un trabajo muy fino en el Congreso.
