Alrededor de 300 internos que pueblan el pabellón 5 de la cárcel de Boulogne Sur Mer han comenzado una huelga de hambre. La mayoría de esos detenidos están bajo acusaciones que tienen que ver con la violencia de género.
El jueves pasado -antes de comenzar con la huelga- presentaron un escrito ante la dirección del penal en el que piden la libertad de los detenidos que "están presos a partir de una denuncia de una mujer que no ha sido corroborada, que mientras se esperan las pericias psiquiátricas tanto de los denunciados como los denunciantes, nos encierran violando el debido proceso y la presunción de inocencia", explicaron los sospechosos en el escrito.
Llamativamente, el delegado del pabellón en cuestión, es Daniel Zalazar, acusado del triple femicidio ocurrido en el barrio Trapiche de Godoy Cruz en octubre del año pasado.
"Si bien mi caso no es igual al de los de mis compañeros, adhiero al pedido -dijo el detenido-. Acá somos 330 internos en un lugar que tiene capacidad para 120 y cada día todo empeora. Entran 10 por día y salen dos por semana, lo que hace la convivencia imposible", según dijo.
De acuerdo con lo informado por el grupo de internos, "no aceptaremos las cuatro comidas diarias que nos dan hasta no tener una respuesta de las autoridades".
¿Fiscales fuera de la ley?
En ese sentido, a través del escrito, los presos dejaron en claro que la huelga no es contra el personal penitenciario; "sino que tratamos de hacerles ver a los jueces y fiscales que están actuando fuera de la ley en cuanto a la violencia de género. Nos meten preso por una denuncia que no se llega a corroborar que es verídica".
Vale aclarar que en el pabellón 5, además de Zalazar, hay otros detenidos "famosos" como los religiosos del caso Próvolo y el hijo del empresario Di Césare.
Asimismo, los internos en huelga indicaron que cuentan con el "apoyo" del pabellón 9 Sur, donde hay más detenidos por violencia contra la mujer.
Según el escrito enviado a las autoridades de Boulogne Sur Mer, "en las celdas para que duerman 3 internos lo hacen 4 y el resto duerme en los pasillos".
Ayer por la tarde, el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, explicó que la medida de estos detenidos sigue adelante y que no se ha producido ningún problema con la salud de los huelguistas.
"Se han producido algunas diferencias de criterio entre los detenidos. Algunos no están de acuerdo y otros quieren tomar medidas más drásticas pero por ahora la situación es normal", explicó el funcionario.
Lo que dicen los abogados
"Este es un problema que hablamos habitualmente no sólo con los abogados sino también con los jueces correccionales. Obviamente la demora existe y afecta mucho más a los cuando los detenidos no tienen antecedentes o bien antecedentes menores", explicó ayer el abogado Pablo Cazabán.
El letrado entiende que los fiscales se han visto obligados a ordenar detenciones "casi de carácter masivo" por una decisión tomada por la Procuración General y el Poder Ejecutivo que han establecido este tipo de política criminal".
"Esto ha generado una suerte de embotellamiento en los juzgados correccionales que no cuentan con el tiempo suficiente para fijar fechas no sólo para las audiencias sino también para los juicios. Esta es la demora de la que hablan los detenidos", comenta el abogado.
Cazabán también consideró que el mismo sistema ha generado este cuello de botella: el año pasado tres juzgados correccionales se transformaron en juzgados de flagrancia. Y son estos tres juzgados de correccionales los que deben resolver las causas de violencia de género.
"El situación es simple: se cerraron tres juzgados y los detenidos por violencias de genero han crecido de manera importante", afirmó el abogado consultado.
