Distintas agrupaciones identificadas con el kirchnerismo presionan al presidente Alberto Fernández por los que consideran “presos políticos”. Como Fernández fue su candidato a presidente, el tema se ha convertido en el eje de la primera interna fuerte del oficialismo.
La presión se inició antes de que asumiera Fernández. En noviembre, promovieron una “Navidad sin presos políticos” y realizaron una manifestación frente a los juzgados de Comodoro Py, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fernández les respondió con las mismas palabras que reiteró hace unos días al recibir en Casa Rosada a organismos de derechos humanos. Sostuvo que en el país no hay presos políticos, sino “detenidos arbitrarios” que podrían “soportar sus procesos en libertad”, pero que fueron detenidos porque eran opositores a Macri.
La declaración, más allá de sus pretensiones pedagógicas, tiene sus ambigüedades.
Una persona condenada en primera instancia, detenida antes de que la cámara revisora confirme esa sentencia, ¿está detenida arbitrariamente? ¿Está detenida porque es opositora o porque un juez determinó que existía riesgo procesal?
Hablemos, por ejemplo, de Amado Boudou y de Milagro Sala. Él ha sido condenado a cinco años y fracción por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la venta de la imprenta Ciccone. Ella fue condenada a cuatro años de prisión por haber lesionado gravemente a otros dirigentes sociales. Sólo por mencionar dos de las varias causas que enfrentan.
Para Hebe de Bonafini, firmante de una “carta abierta” dirigida al presidente Fernández, son presos políticos. Para “Wado” de Pedro, ministro del Interior, Sala también lo es: “No queremos más presas y presos políticos en Argentina”, aseguró en un mensaje de Twitter, tomándola como ejemplo.
Bonafini no significa lo mismo que De Pedro. Mientras ella es una dirigente de derechos humanos, que tiene absoluta libertad para expresar su opinión, se descuenta que un ministro le debe a su presidente una mínima consistencia con los límites de la acción política y de los valores que él fija al designar su gabinete.
Por si no se entiende, ¿De Pedro preferiría que Fernández asumiera el costo político de pedirle la renuncia antes que aceptar la definición presidencial?
Las presiones desnudan otro problema complejo. Pretenden que el Poder Ejecutivo desconozca decisiones del Poder Judicial y libere a determinados presos, bajo el argumento de que fueron detenidos por su condición política. Este tipo de presiones cruzadas no hacen más que dañar la confianza pública en sus instituciones.
La solución es aceptar que no hay presos políticos; hay políticos presos, que no es lo mismo.
Lamentablemente, las presiones que se ejercen sobre el presidente para que admita la existencia de presos políticos es apenas un aspecto más de una campaña que tiene muchas aristas por las cuales se busca conseguir la impunidad de aquellos acusados de corrupción desde el Estado, lo cual de lograrse, produciría un grave daño a la República.
Es de esperar que las instituciones y la división de poderes funcionen a pleno para impedir desmesuras de este tipo que tanto daño pueden hacer.
