"Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales". Así el presidente Alberto Fernández volvió a defender su postura, en sintonía con las sugerencias internacionales, de que algunos presos salgan provisoriamente de las cárceles durante la pandemia de Covid-19 y continúen purgando su pena de manera domiciliaria.
El Presidente salió ayer por la tarde a reiterar la posición que había expresado días atrás, preocupado por el foco infeccioso de coronavirus en que se convirtieron algunas cárceles en la Argentina debido a las condiciones en que viven los presos, que hacen que sea difícil mantener la distancia física y, en consecuencia, puedan no solamente contagiarse entre sí sino también al personal penitenciario.
Pero la prisión domiciliaria de los reclusos, que protagonizaron ya en los últimos días varios motines en las cárceles en reclamo de este beneficio, medidas sanitarias y otras demandas, divide al oficialismo y levanta críticas de la oposición. A su vez, familiares de víctimas y diversos colectivos reclaman a la Justicia que proteja a la sociedad.
Fernández señaló que "es conocida" su posición contraria a "ejercer la facultad del indulto". "La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad", dijo.
Al respecto, señaló que "organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos".
"En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia. En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades", aseveró.
El Presidente dijo que salía en las redes “ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida”.
“El preso debe estar preso”
Fernández pareció apuntar sus dardos a Juntos por el Cambio y, en particular, a Patricia Bullrich. La presidenta del PRO y exministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que no cree que "la solución sea liberar presos peligrosos" e insistió en que "los presos tienen que estar presos".
Bullrich dijo además que "en cuatro años a 10.000 asesinos y violadores que estaban en la calle los volvimos a meter adentro para que no sean un peligro para la sociedad, y ahora los vuelven a liberar a todos", afirmó.
Pero la postura en contra de que los presos salgan de la cárcel también es de parte del oficialismo. "Estoy sacando una instrucción para que en los casos en que los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo deben cumplir", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En este contexto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, mantuvo un cruce con el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni.
El funcionario provincial afirmó que si de él dependiera, no saldría ningún preso. "Escuché a un jurista muy reconocido, de quien nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esto era una medida para evitar masacres. Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando nos matan bonaerenses los delincuentes", lanzó Berni, en abierta alusión a Zaffaroni.
El jurista le respondió con dureza: "Hay gente que siempre tiene pocas neuronas. Es el mismo discurso de este populacherismo vindicativo (sic) que hemos tenido, que ha llenado todas las cárceles".
Debate: qué deben hacer los jueces
El 11 de marzo se declaró la pandemia de Covid-19. Desde entonces, 973 presos salieron de los penales federales hasta ayer. El 95% salió porque cumplió la pena, el 4,5% recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por la pandemia y otros fallecieron, según fuentes de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
Lo que no existe son estadísticas sobre las penas y por qué tipos de delitos están detenidos. Para el fiscal federal Federico Delgado, ese es un gran problema.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional recomendó a los jueces que excarcelen a embarazadas, mayores de 60 años y enfermos crónicos que no hayan cometidos delitos graves. Fue mediante la acordada 9/20.
Pero no todos los jueces inferiores respaldan aquello: el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, dijo que la acordada debería ser declarada "inconstitucional". Lo escribió en un fallo en el que rechazó la prisión domiciliaria a una presa del penal de Ezeiza, imputada por narcotráfico.
En la misma línea se expresó el fiscal en lo Criminal y Correccional, Carlos Donoso Castex. "Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad", dijo antes de invitar a realizar un cacerolazo en las casas para que la ciudadanía exprese su descontento.
Para Delgado, el debate se está "simplificando de una manera atroz y peligrosa". Según opinó, "las cárceles son meros depósitos de personas que son invisibles y por eso esto nunca se convirtió en un problema político, hasta ahora" y añadió: "Nos damos cuenta de golpe que los presos son personas, tienen derechos y el Estado no las puede matar". Por ello, dijo, hay que analizar caso por caso.
Para Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no puede "convertir la pena privativa de libertad en una pena de muerte". Zaffaroni sostiene que los magistrados no se deben dejar intimidar "por el discurso populachero" y deben aplicar el Código Penal, la Constitución Nacional y los pactos internacionales, como el de San José de Costa Rica.
Delgado coincide. Y precisa que las acordadas de alzada que se emitieron recientemente son claras: "No se puede liberar a un violador, ni un asesino ni al autor de crímenes de lesa humanidad", sino sólo delincuentes comunes como "quien robó un kilo de carne".
La realidad es diferente. En la ciudad bonaerense de Burzaco, un hombre de 68 años que violó a una niña de 13 años recibió prisión domiciliaria por la pandemia y volvió a vivir al mismo barrio de la víctima.
Zaffaroni y Delgado coinciden también en que la situación ocurre porque la Justicia ha cometido “graves errores” al abusar de las prisiones preventivas. El 54% del total de presos en penales federales está procesado y el 44% tiene una condena.
