Si bien sabía algo de herrería cuando ingresó a la cárcel, hoy uno de los internos del penal San Felipe (no permiten dar su nombre) cuenta que puede aprender más y tener algo con qué defenderse al final de su condena. A eso le suma un ahorro que genera con su trabajo de cuatro horas y que dispondrá una vez que salga. "No es mucho, pero les sirve para los primeros días", explican.
El resto del dinero que le toca (los internos que trabajan cobran un promedio de $ 2.300 por mes) está destinado a la familia, "muchos son sostén de hogar", cuentan.
Este es el sistema que funciona desde hace casi un año en las cárceles de Mendoza y que ocupa al 83% de los condenados. Se trata de una "industria" que funciona en los penales y que abastece parte de la obra pública y diferentes demandas del Estado, como los nuevos bancos y cestos de basura del parque General San Martín, las sábanas del hospital Central.
Por ahora, las ventas a empresas privadas tienen vinculación con el Estado: son aquellas que han ganado alguna licitación de obra pública.
En lo que viene, las unidades productivas de los servicios penitenciarios buscan expandirse hacia el mercado privado. Para eso, tienen un salón de ventas y un catálogo (se puede consultar en la web) en el que ofrecen algo más que los tradicionales productos de mimbre y totora.
Los primeros resultados
Si bien el trabajo en la cárcel no es nuevo, hace un año el gobernador Alfredo Cornejo anunció en la Legislatura que la capacitación y realización de un oficio o labor dejaría de ser un derecho y pasaría a ser una obligación.
En números, la cantidad de internos que trabajan en las unidades productivas de los distintos penales pasó, en un año, de 560 a más de 2.000. A esto se sumó, en concepto de trabajo, las actividades de maestranza, mantenimiento y capacitaciones que, según dijeron, ocupan a casi la totalidad de los internos.
Si bien no todos quieren hacerlo, un gran porcentaje de internos ocupa cuatro horas al día al trabajo o estudio. Algunos hacen las dos cosas. En total, hay 4.757 personas privadas de la libertad, de las cuales 3.091 tienen sentencia y 1.666 están procesadas (a la espera del juicio).
A quienes ya están penados, la última modificación al Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 8.465) los obliga a hacer alguna actividad.
Según explicó Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario, del total de condenados, el 83% estudia, trabaja o se capacita y el 16% hace las dos cosas. "Algunos asisten a la universidad, tenemos una matrícula alta", contó.
En cambio, aquellos que están detenidos preventivamente tienen la opción de aprender o ejercer algún oficio, pero no la obligación.
Esta semana el Ejecutivo publicó un decreto en el que extiende la modalidad de trabajo a los que están detenidos preventivamente. Si bien no están obligados, sí los incluyen en las distintas actividades, lo que luego se computará en su expediente.
En el caso de los penados, la situación es diferente y el desafío pasa por eliminar el ocio en las cárceles. "Esta ley planteó un cambio de paradigma, ya que aproxima al interno a la realidad del afuera. Les obliga a trabajar más allá de sus ganas, les fija horarios, crea hábitos y patrones de conducta", señaló. A esto hizo referencia Cornejo en su discurso del 1° de Mayo, ante la Asamblea Legislativa, cuando apuntó que en el último año no hubo homicidios dentro de los complejos en ocasión de riña, mientras que en 2015 y 2016 hubo 5.
Por los talleres
En cada uno de los talleres, la cárcel pierde sus características. En estos espacios no hay alambrado y las paredes grises están tapadas ya sea con madera, hierro o muestras, además de las herramientas. Allí, se puede ver un puñado de personas que aprende y otras que ejercen, todos comandados por profesores que están identificados con un uniforme verde.
El ambiente es de trabajo, como en cualquier taller. "Somos un muy buen equipo", resume un interno. Por una cuestión de infraestructura, la carga horaria es de 4 horas y cada interno debe marcar el dedo en el sistema biométrico, que le cuenta las horas como a cualquier asalariado más.
A cambio de su trabajo, hay dos formas de pago. La primera es una retribución mensual que reciben por capacitarse. La segunda modalidad es por destajo, según la producción. Este peculio lo cobran aquellos que ya ejercen el oficio y realizan distintos productos.
Además de la producción, los internos también trabajan de maestranza y en tareas de mantenimiento. "Si tuviéramos que salir a contratar una empresa para que limpie, nos saldría carísimo. Todo lo hacen los mismos internos", señaló Orellana.
"Los talleres también producen y abastecen a todas las dependencias del Servicio Penitenciario de los bienes necesarios para su funcionamiento. Se traduce en un ahorro total en mano de obra, en el último año, de más de un millón de pesos", consignó un informe del Poder Ejecutivo.
Sobre el salario percibido se producen descuentos. Los primeros son los gastos de mantenimiento, que puede ser un colchón roto o algún bien dañado, y los descuentos judiciales, es decir, el costo del proceso o alguna deuda al momento de ingreso (el descuento no puede superar el 25% del total).
Tendrán su CV
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, confirmó que están trabajando para realizarle a cada interno una "carpeta de trabajo", en la que consignen todos los productos que hicieron y el aprendizaje a través de las capacitaciones y estudio.
"El objetivo es que cuando ellos salgan tengan algo para mostrar, ya sea al salir a buscar un trabajo o a sus familias".
Capacitados adentro y empleados afuera
En las distintas unidades penitenciarias hay empresas que invirtieron en las unidades productivas y tienen allí sus talleres. Una de ellas es Calzados Cuyo, que ha instalado máquinas de coser en donde capacitan a los internos. Según explicó el propietario de la firma, Emilio Riveros, el proceso productivo comienza allí adentro, con la etapa de corte. Luego, las telas van a talleres externos en donde trabajan personas que recuperaron su libertad.
"Les damos máquinas de coser para que trabajen desde sus casas", explica Riveros. Luego, el producto vuelve a la cárcel para el armado y embalaje.
El resultado, son botines para la policía y zapatillas para firmas conocidas.
