El oficialismo amagó con aprobar en Diputados un polémico proyecto de ley. Se trata de una iniciativa presentada por el diputado del Frente para la Victoria, Claudio Díaz, quien pretende levantar el piso de personal que cumpla los servicios mínimos de atención médica cuando haya paro del sector salud.
A nadie se le escapa que se trata de una regulación al derecho de huelga. Desde Casa de Gobierno alientan que esa iniciativa se transforme en ley, pero en la sesión de ayer no logró el apoyo del radicalismo y del PD. En realidad, no hizo falta ese apoyo porque la sesión se cayó antes de llegar a ese punto del orden del día.
El proyecto de Díaz no es nuevo sino que fue presentado el año pasado, aunque el objetivo era poner reglas de juego más duras a los anestesistas que trabajan en los efectores del Estado. El oficialismo en pleno planteó modificaciones a esa idea original para hacerla aplicable a todos los trabajadores y profesionales de la salud.
No hay muchas precisiones oficiales respecto de cómo será el mecanismo para fijar el mínimo de cobertura de los servicios esenciales. Está claro que para que la iniciativa alcance a todos los actores de la Salud, además de sacar la palabra anestesistas para remplazarla por profesionales y trabajadores, se prevé incorporar un artículo por el que la provincia adhiera a la ley nacional 25.887.
En el artículo 24 de esa ley, se indica que se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, así como la provisión de agua potable, de energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo.
Además, también se prescribe que alguna actividad excepcionalmente puede considerarse como servicio esencial cuando, por la duración del conflicto y la extensión territorial, se pongan en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas.
De acuerdo a esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 272/06, por el que se determina que la fijación de los servicios mínimos queda en manos de la "Comisión de Garantías". En 2010, esa comisión emitió dictamen polémico que puso en guardia a Ampros y ATE, dado que estuvo referido a la huelga que mantenían los sindicatos mendocinos de la Salud. En el mismo se indicaba que las medidas de fuerza no podrán extenderse más de dos días por semana. Por aquellos días, ATE y Ampros llevaron a cabo paros escalonados de 2 ,3, y 4 días por semana.
El expediente que ayer intentó aprobar el oficialismo contenía un texto con numerosas tachas y en plena transformación, propia de la dinámica que introducen las modificaciones. Sin embargo, aún así el oficialismo empujó hasta último momento.
Así también, tampoco estaba claro cómo sería aplicada la adhesión a la realidad mendocina.
