En Mendoza, el fiscal de Instrucción tiene la tarea de la investigación de los delitos, con la ayuda técnico-científica y multidisciplinaria de la policía provincial y bajo el control de un juez de garantías; al tomar conocimiento de la hipótesis de un hecho delictivo -de acción pública- actúa de oficio e inicia una investigación preparatoria.
En los últimos meses, la ciudadanía ha observado una serie de sucesos delictivos que han exigido un gran esfuerzo y despliegue en los tribunales.
La provincia dispone de un número importante de fiscalías, pero esas unidades de averiguación y pesquisa de conductas al margen de la ley soportan un incremento notable de requerimientos. A las instrucciones habituales se agregaron en los últimos tiempos las causas emanadas de los delitos de género, desde agresiones leves o acosos a sucesos más lamentables, que no pocas veces terminan con la vida de las víctimas. Esta realidad ha llevado a las oficinas fiscales a duplicar y hasta a triplicar su labor, con una demanda horaria elástica que alcanza a los ayudantes de fiscales y personal de auxiliares, quienes se mantienen en sus escritorios o en el terreno de los hechos por muchas horas.
Se sabe que en ocasiones un ayudante de fiscal termina su turno de servicio a las 20, con requerimiento de presentarse nuevamente en su oficina a las 8 del día siguiente. Pero, por los turnos y jurisdicciones no faltan jornadas en las que los funcionarios y sus colaboradores son requeridos a las 2 ó 3 de la mañana a realizar un procedimiento por un ilícito determinado. Esta tarea “extra” no los exime de presentarse en sus despachos al inicio de la jornada diaria, a las 8, con pocas horas de descanso. No corren en el ámbito judicial las condiciones, por ejemplo, de la policía, con su fórmula de 24 horas de servicio por 48 de descanso.
La observación que hace un amplio sector de estos funcionarios no alcanza el aspecto salarial; sus remuneraciones se encuentran entre las más holgadas de la administración pública provincial. Lo que sí manifiestan como gravoso para el resultado final de una labor es la fuerte presión funcional que soportan por el exceso de causas y horas en servicio, que ha obligado a no pocos de ellos a la atención psiquiátrica y al consumo de tranquilizantes que regularicen ansiedades, temores, estrés laboral, dificultades para conciliar el sueño, sin descartar que comer “a las apuradas” es casi una constante. Se va generando así un desgaste crónico y un círculo recesivo. “Hacemos -decía uno de los afectados- una Justicia en cantidad que no es, necesariamente, de calidad”.
Como los reclamos de estos funcionarios públicos no son canalizados por las vías de demanda gremial que disponen otros empleados de la administración, directamente hacen mella en su estado físico y salud, y no pocos preanuncian posibles renuncias en desmedro de la prestación de un servicio público imprescindible.
La mirada de estos representantes de la Justicia de instrucción apunta a señalar la carencia de personal, ya que cada vez se reduce más el número de auxiliares de estas dependencias -en la actualidad, una fiscalía dispone de 14 ó 15 colaboradores cuando años atrás había 24-.
Tampoco las sedes laborales se encuentran en sus mejores condiciones; algunas disponen de sanitarios impresentables que ultrajan el pudor, y cuando se actúa en casos de violencia de género no se disponen de las medidas de bioseguridad necesarias que los procedimientos modernos exigen, con una fuerte exposición al contagio de enfermedades infecciosas y venéreas.
