El escenario financiero y cambiario de las últimas dos semanas complicó los planes del gobierno respecto de los acuerdos paritarios con los sindicatos.
Es que el gobierno de Macri insistió siempre con manejar los aumentos con la pauta de la meta inflacionaria del 15%, con la idea que las demandas salariales no terminaran empujando a la inflación.
Ya todos sabemos que no son los salarios, al menos en el sector privado, la causa de la inflación sino el abultado e ineficiente gasto público que, además, genera déficit y obliga al endeudamiento del Estado.
Hasta ahora, el IPC nacional marca un crecimiento del 9,6% en el primer cuatrimestre, pero el IPC de la Dirección de Estadísticas de la provincia (DEIE) marcó 12,4%, lo que hace que todos los sindicatos saldrán a pedir recomposiciones.
En el caso de Mendoza, el gobierno local arreglo casi todas las paritarias con los gremios estatales en un 15,7%, en tres tramos, y una revisión en el mes de octubre. El problema es que esa pauta se alcanza en el mes de junio, mientras el tercer tramo del incremento está previsto para setiembre.
Pero como el futuro de la economía luce un poco más complicado, es posible que no se alcance la previsión de crecimiento del 3% y, seguramente, pueda alcanzar al 2% con mucho esfuerzo, con lo cual los ingresos fiscales se verán seriamente comprometidos. Por otra parte, no está claro si las actualización se calcularán con el IPC nacional o con el la DEIE.
Los gremios privados están más acostumbrados a negociar sabiendo la situación de las empresas del sector y, si bien no son blandos, tratan de ajustarse a las realidades para que aumentos excesivos no deriven en despidos de trabajadores. Los estatales, en cambio, nunca se fijan en la situación financiera del Estado y siempre reclaman sin importar que la sociedad es la que paga sus salarios.
Hay un caso complejo y es el de los trabajadores de la Educación, ya que en su momento el sindicato (SUTE) no aceptó la propuesta original, quería un ajuste mensual pero encontró la forma de trabar la negociación reclamando una diferencia del año anterior, que sabía que no se la darían.
Uno no sabe si fue un acuerdo de los dirigentes de los maestros con los funcionarios, pero el único ganador fue el Gobierno, que sacó el aumento por decreto.
En la superficie aparece un enfrentamiento del gobierno con el SUTE, pero no se sabe qué hay bajo la mesa. Lo cierto es que la mayoría de los docentes están muy enojados con sus dirigentes, que buscaron el decreto y los dejaron sin cobertura ante la inflación.
El gobernador deberá decidir, si las cuentas le cierran, si decide extender la actualización a los docentes, pero lo cierto es que el que tiene la mayor cantidad de afiliados y, de no hacerlo, se podría garantizar conflictos muy serios en la temporada final del ciclo lectivo 2018.
