Por Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires
¿Qué hay detrás de la decisión de usar la Cámara de Diputados, que tiene la facultad constitucional de iniciar los procesos de juicio político, como herramienta de presión contra la Corte Suprema de Justicia?
La respuesta salta a simple vista: obligar a la oposición a discutir una reforma judicial integral, que incluya la ampliación de la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal (una ley que necesita mayoría simple y que el Frente para la Victoria podría conseguir sin esfuerzos) y posibilitar, inmediatamente después, el nombramiento de nuevos jueces antes de que Cristina Fernández deje el poder el 10 de diciembre (misión ésta para la que el oficialismo necesita sí o sí de la oposición ya que la Constitución exige el acuerdo de dos tercios del Senado).
El contexto es complejo institucionalmente ya que hoy la Corte tiene cuatro miembros, tras la renuncia de Raúl Zaffaroni y las muertes de Carmen Argibay y Enrique Petracchi. A ello se suman algunos condimentos políticos como la resistencia de toda la oposición a aceptar que Cristina Fernández designe un nuevo miembro, la cual llevó al oficialismo a archivar hace pocas semanas hasta nuevo aviso el pliego de Roberto Carlés.
Por supuesto, también se cuela en toda esta historia el proceso electoral en curso, donde impedir la “colonización” de la Justicia por parte del kirchnerismo es una de las banderas de los líderes opositores.
