Un reciente estudio comparativo, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre la presión fiscal para los países de Europa y América Latina, muestra que Argentina tiene el nivel más alto de la región. Este valor relaciona la recaudación fiscal con el producto bruto interno (PBI) de cada país y arroja 33,5% para nosotros.
No hay aclaración pero del análisis surge que se trataría sólo de la recaudación nacional. Esto sería así, porque para diversas instituciones del país que estudian regularmente los asuntos fiscales, el número es aún más alto. Hay coincidencia en que cuando se suma la carga tributaria nacional, provincial y municipal se alcanza un valor de alrededor del 38% del PBI. Más allá del número preciso, cabe hacer algunas consideraciones al respecto.
Una primera cuestión de Perogrullo es que los impuestos aumentan porque crece el gasto público. Es decir que para explicar y entender el problema de la presión fiscal hay que mirar qué ocurre con el gasto. Aquí se advierte la desmesura realizada por el kirchnerismo en 9 años de gobierno. Dos números hablan solos. El gasto público total alcanzaría este año 48% del PBI, el más alto de la historia del país.
Además aumentó 18% en ese lapso, también un récord absoluto en la región, para financiar esta monumental suba del gasto público, eje central de la política económica de estos años, que ha crecido en proporción casi similar a la carga tributaria. El asunto no es sólo que la carga fiscal es excesiva sino que tiene serios problemas de equidad. Es un sistema complejo que implica altos costos para el contribuyente y está constantemente sometido al inmenso poder discrecional de la AFIP.
La inequidad se verifica tanto en el peso de los impuestos indirectos y en particular, entre los que pagan todo y los que pagan poco o nada. Tal es la diferencia que se estima que para una familia que cancela todos los impuestos la carga supera 50% del ingreso anual familiar. Otra inequidad manifiesta es el peso de impuestos como el IVA y a los combustibles, que gravan bienes y servicios básicos (alimentos, luz, gas, agua, teléfono, transporte), gastos a los cuales las familias de menores recursos destinan casi todos sus ingresos.
A ello hay que agregar en los últimos años el denominado impuesto inflacionario, que es la merma del poder adquisitivo por efecto de la emisión monetaria. Esa pérdida de quienes reciben el dinero se la apropia el Estado nacional que lo emite. Se estima que este año la recaudación será de $ 56.000 millones (cálculo de Idesa, centro de estudios, especializado en el mercado laboral), más del doble del presupuesto de Mendoza sancionado para 2013.
La complejidad del sistema impositivo es tal que difícilmente una persona no especializada pueda citar todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales vigentes. La complejidad de su liquidación implica un alto costo para las empresas y aún para las familias. Para ver la complejidad y poca equidad de los impuestos basta que el lector preste atención a cómo se compone la factura de luz o de teléfono. Podrá comprobar cuánto paga de impuestos y tasas y cuánto por los servicios efectivamente consumidos. Todos los impuestos han aumentado de una u otra manera, y se anuncian subas para este año, especialmente en las provincias y municipios.
En definitiva, el problema esencial es que, a cambio de esa agobiante carga tributaria, los contribuyentes no reciben casi nada. Los servicios que el Estado está obligado a prestar con ese dinero son deficientes. Basta mencionar seguridad, salud pública y educación. Si quiere el lector siga con caminos, defensa y seguridad nacional, para dar otros ejemplos.
